Boletín de prensa de la CCIODH

México: Boletín de prensa de la CCIODH. Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui

La impunidad manifiesta en este caso, hace que se permita y potencie la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos | Para Kaos en la Red

Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui.

Los gobiernos federal y estatal responsables del cerco al que se ve sometido San Juan Copala por paramilitares de la UBISORT.

La escalada de la violencia y la impunidad reinante en la zona triqui de Oaxaca, evidenciada hasta el extremo con el cerco paramilitar que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala ha desembocado en dos nuevos homicidios.

El cerco paramilitar, que la organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) -vinculada al PRI- mantiene desde el mes de noviembre al Múnicipio Autónomo de San Juan Copala, impide su normal abastecimiento y la libre circulación de las personas como fue el caso de la retención y el secuestro de mujeres y niños que el pasado 15 de mayo habían salido para comprar alimentos.

El pasado 20 de mayo se produjeron los homicidios de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar, ambos por disparos de bala en la cabeza tras ser atacados en su propia casa, en la comunidad triqui de Yosoyuxi. Ramírez era dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) y líder moral del municipio autónomo. Las autoridades autónomas, responsabilizan al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al gobierno de Oaxaca de estos dos homicidios.

A estos últimos homicidios, le precede un mes antes la emboscada realizada contra la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, en la que también resultaron muertos Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista y defensora de Derechos Humanos y Jyry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que formaba parte de la caravana, varias personas más fueron heridas y otras cuatro tuvieron que permanecer escondidas durante dos días.

La responsabilidad del ataque a la caravana se ha atribuido finalmente a la organización UBISORT, después que el dirigente Rufino Juárez Hernández anunciara días antes que impedirían a toda costa el paso de la misma. Esta amenaza pública en relación a este ataque evidencia la responsabilidad del gobierno de Oaxaca y ponen totalmente en cuestión las declaraciones del mismo en el sentido que desconocían la realización de la caravana. A esto se añade, y es totalmente inaceptable, que ante la gravedad de los delitos ocurridos, la única investigación que anunciara el gobernador Ulises Ruíz fuera respecto a la calidad migratoria de las personas extranjeras que participaron en la caravana.

Como respuesta a estos hechos y a la situación de sitio del municipio de San Juan Copala, la convocatoria de una nueva caravana por parte de sus autoridades, el próximo 8 de junio, es legítima y debería poder realizarse con normalidad para garantizar el suministro de alimentos, medicinas y educación a la comunidad sitiada, así como para apoyar el derecho de autogobierno por parte del pueblo triqui de Copala, constituído en municipio autónomo desde enero del año 2007.

Las graves amenazas lanzadas por miembros de la UBISORT contra la nueva caravana del 8 de junio, declarando que “están exponiendo sus vidas” obliga a los gobiernos estatal y federal a garantizar la integridad física de los integrantes de la misma. De lo contrario quedará manifiesta su responsabilidad en las posibles agresiones y ataques que puedan darse.

La sociedad civil nacional e internacional ha expresado su indignación denunciando las agresiones y exigiendo justicia contra los responsables del asedio, del ataque a la caravana y de los últimos homicidios.

Por su parte, la Unión Europea (UE) envió al gobierno mexicano una protesta ante la emboscada a la caravana. Diferentes relatores de Naciones Unidas han manifestado su repudio ante lo que consideran ejecuciones extrajudiciales, y graves atentados contra la libertad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Más allá de declaraciones públicas, el Parlamento Europeo está obligado a hacer cumplir la aplicación de la Cláusula Democrática que supedita al respeto a los Derechos Humanos los acuerdos del Tratado Preferencial de Comercio que suscribió con México en diciembre de 1997, semanas antes de la masacre de Acteal.

A su vez, la presidenta de Finlandia demandó a Felipe Calderón una investigación rápida y concluyente sobre el asesinato del ciudadano finlandés, ante lo cual el Presidente le respondió públicamente que la justicia mexicana castigaría a los autores del asesinato.

Pese a las palabras del presidente Calderón, hasta el día de hoy la reacción gubernamental en México ha sido la total ausencia de voluntad para investigar los hechos y castigar estos crímenes con apego a la ley. La representante de México ante la UE, por su parte, calificó los hechos de “accidente”, argumentando conflictos intercomunitarios.

El conflicto en esta región es de largo recorrido, la CCIODH en sus dos últimas visitas, en 2006 -2007 y 2008, elaboró informes de denuncia sobre la situación en Oaxaca y en particular constató y documentó vulneraciones de los derechos humanos en la región triqui y concretamente en San Juan Copala.

Ante esta nueva escalada la CCIODH manifiesta que:

La escalada de la violencia en contra de las expresiones sociales legítimas de defensa de derechos colectivos puede aumentar en el contexto actual de elecciones y en términos de rentabilidad partidista.

Se confirma nuevamente, la repetición reiterada de un patrón de conducta por parte de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente “no hay paramilitares, las agresiones y los asesinatos obedecen a conflictos intracomunitarios y el estado sólo interviene para garantizar la paz y el orden social”. Sin embargo, estas afirmaciones oficiales se ven contrastadas por la realidad. Basta recordar como paradigmático el caso de, por lo menos, 26 muertes violentas en el año 2006 en el conflicto de Oaxaca que esta Comisión denunció, cuyos responsables materiales e intelectuales nunca han sido investigados ni mucho menos juzgados.

La impunidad manifiesta en este y tantos otros casos, hace que se permita y potencie la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas y legítimas de las organizaciones sociales y comunidades indígenas. Así lo hemos documentado y lamentablemente se ve ratificado en la situación actual, pues no hay indicios que demuestren lo contrario.

Existe una enorme desconfianza hacia la justicia mexicana y a las instituciones del estado como garantes de las libertades individuales y colectivas. Está en cuestión que las autoridades mexicanas investiguen estos homicidios conforme a derecho. En caso de que no haya garantías, se debe acudir a los mecanismos de justicia internacionales, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solución duradera del conflicto pasa por un diálogo entre las organizaciones sin la intervención de los poderes públicos, y sin que esto excluya el juicio y castigo a los responsables de los graves delitos cometidos.

En esta situación de impunidad, la confianza sólo puede depositarse en la sociedad civil cuya movilización interpela y exige que se haga justicia. Es el caso de la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, que ante la gravedad de los hechos y a pesar del riesgo que supone y poniendo en juego la propia vida de los participantes, se moviliza y denuncia la injusta situación que padecen los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.

Ante los hechos señalados, la CCIODH manifiesta su preocupación y se compromete a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, y hace un llamado a la sociedad civil a estar vigilante para responder ante posibles nuevas agresiones, así como a sumar esfuerzos que permitan una solución justa y duradera al conflicto en la región triqui.



Barcelona, a 22 de mayo de 2010