Retorno a Copala-comunicado solidario - FAVOR DE DIFUNDIR
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD
Avanza la Caravana a San Juan Copala pero el gobierno del estado de
Oaxaca abandona definitivamente su responsabilidad de garantizar la
vida y la seguridad de las mujeres desplazadas que regresan en
caravana.
Hoy domingo 29 de enero de 2012 la caravana de desplazadas y
desplazados, integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala y
organizaciones solidarias amanecimos en la población de Yosoyuxi, de
donde por la mañana partimos en marcha nuevamente hacia San Juan
Copala.
De nueva cuenta, un operativo policiaco compuesto de más de 200
granaderos nos impidió el paso a tres kilómetros de Yosoyuxi en camino
a San Juan Copala. En el punto se presentaron funcionarios de tercer y
cuarto nivel del gobierno de Oaxaca, quienes no habían participado
antes en ninguno de los encuentros, además del Secretario de Asuntos
Indígenas, Adelfo Regino quienes informaron que no permitirían el paso
de la caravana hasta que los desplazados del Municipio Autónomo
aceptaran su “propuesta” de que en lugar de el retorno de los
desplazados, estos formaran una comisión de 10 representantes de las y
los desplazados, para que se presenté en la “asamblea comunitaria” que
estaba programada para este domingo en San Juan Copala.
El Municipio Autónomo de San Juan Copala planteó que dada la
arbitrariedad gubernamental, que les exige que los indígenas
desplazados renuncien a participar en la asamblea de su propia
comunidad, pero en un afán de avanzar en la solución del conflicto
aceptarían el envío de una Comisión en la mencionada “asamblea
comunitaria” previa al arribo que estuviera compuesta por 20 personas
siempre y cuando se garantizaran las medidas de seguridad, exigiendo
que sólo estuvieran pobladores de San Juan Copala y que se revisara y
controlara la zona para evitar la presencia de paramilitares.
Luego de varias horas, ante la incapacidad gubernamental, y en aras de
la pronta solución del conflicto el MASJC aceptó que fueran las 10
personas que exigía el gobierno. Fue en ese momento, cuando la
comisión de funcionarios de tercero y cuarto nivel, se quedaron sin
argumento alguno para impedir el avance de la caravana que burlando el
cerco policiaca seguía avanzando hasta La Sabana, cuando Eréndira Cruz
Villegas ordenó por medio de Heriberto Cruz Ponce a la policía estatal
la detención con lujo de violencia del compañero David Venegas
(Alebrije) integrante de VOCAL, quien fue retirado del lugar golpeado,
desconociendo hasta el momento su paradero.
Una vez sin pretextos y con la provocación montada para atemorizar a
la caravana las autoridades se retiraron desarticulando su propio
bloque e ilegal bloqueo policiaco dejando a 122 desplazadas y cerca de
30 niños en La Sabana lugar de gran peligro pues fue en este lugar
donde los paramilitares asesinaron a Jyri Jaakola y a Bety Cariño.
Reiteramos que seguimos abiertos al diálogo en aras de encontrar una
solución pacífica que permita el regreso digno de las familias
desplazadas desde septiembre de 2010 por los paramilitares que
finalmente tomaron a sangre y fuego San Juan Copala. Manifestamos
nuestro rechazo a la violencia con la que fue apresado el compañero
David Venegas y demandamos su liberación inmediata e incondicional.
Responsabilizamos al gobierno de Gabino Cue y al Gobierno Federal de
nuestra seguridad y de la del compañero David.
Hacemos un llamado a reforzar de inmediato la Caravana del retorno de
los desplazados e informamos que el próximo miércoles primero de
febrero a las 8 PM saldrá un autobús del Plantón de Zócalo del DF para
garantizar por la sociedad civil la seguridad de la Caravana del
retorno, ante la incapacidad del gobierno de Gabino Cue y su
complicidad con los asesinos paramilitares.
Mañana reanudaremos nuestro camino a San Juan Copala.
Consejo Comunitario del Municipio Autónomo de San Juan Copala 29 de
enero de 2012
Municipio Autónomo de San Juan Copala
Carta de WOLA al gobernador Gabino Cué
Carta de Maureen C. Meyer en relación a la situación de los desplazados de San Juan Copala
CIDH pide extremar medidas en favor de Jordán Caso San Juan Copala
Anexo de la CIDH sobre medidas cautelares
domingo 29 de enero de 2012
Comunicado de prensa en San Juan Copala por Nuevo Viento y Amigos de Jyri Jaakkola
Para garantizar los derechos humanos de desplazados por una masacre, se requiere que el Estado sin retraso comience un plan de desarme, arreste y lleve a la justicia a los responsables de la masacre.
El retorno de 122 desplazados por la masacre cometida en 2010 en San Juan Copala, fue impedida durante más de un día por un bloque realizado por de 200 policías del gobierno local de Oaxaca, en la carretera pública de Tlaxiaco a Yosoyuxi el jueves 26 de enero.
Los derechos de retorno a su pueblo y al libre transito (por los que ellos habian pedido protección) fueron violados por los policías estatales, en contra de su obligación de garantizar y proteger estos derechos. Los desplazados, incluyendo a 71 mujeres y 26 niños fueron obligados a parar su viaje de vuelta y esperar allí fuera en plena noche con temperaturas muy bajas y sin alimentos.
El estado de Oaxaca no haya cumplido adecuadamente sus obligaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo las medidas cautelares MC 197-10 para garantizar la seguridad de los desplazados en su retorno a su legítimo territorio, San Juan Copala.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH para proteger a los 135 víctimas desplazadas obliga al gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal de estos 135 habitantes de San Juan Copala” según el acuerdo “concertará las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.”
Sin embargo, en vez de acordar con los desplazados sobre cómo garantizar sus derechos, el 25 de enero de 2012, el gobierno estableció un acuerdo con los que perpetradores de la masacre del 2010 en San Juan Copala, dejando así a las víctimas sin pronunciarse sobre sus derechos esenciales, socavados sin su consentimiento.
Para garantizar los derechos humanos de desplazados por una masacre, se requiere que el Estado sin retraso comience un plan de desarme, arreste y lleve a la justicia a los responsables de la masacre y garantice un retorno seguro a su comunidad de origen, así como protegerlos de cualquier interferencia o uso de la fuerza de los perpetradores.
El Estado se muestra por el contrario, acordando con los responsables de la masacre de la comunidad, en los términos de que después de 18 meses de desplazamiento, las familias desplazadas podrían empezar en Marzo a regresar gradualmente una por una, siempre y cuando acepten que su comunidad sea dirigida por los perpetradores de la masacre y de su desplazamiento.
Si el estado permite que estos hombres quienes aun controlan las armas y por ende a la comunidad capturada, determinando las condiciones de vida en la comunidad, entonces la duración del retorno podría tomar 4 años.
El gobierno aun considera como parte de las autoridades locales a los pistoleros Julio Martinez y Mauro Vasquez quienes participaron en la masacre en contra de los miembros y defensores del Municipio Autonomo de San Juan Copala, incluidos Bety Cariño, integrante de la organizaciòn Cactus y Jyri Jaakkola de nuestra asociación ¨Nuevo Viento¨.
Estas medidas del gobierno protegiendo a los asesinos en lugar de desarmalos y arrestarlos, favoreciendo la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos pasadas y que se siguen perpetrando, como la de agosto del año pasado, en donde otra vez 3 miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala fueron asesinados.
La comunidad desplazada Triqui demanda su derecho al acceso efectivo al territorio que le pertenece, cuyo retorno ha sido anunciado. Si el Estado no los protege y permite a los perpetradores de la masacre continuar con el control de la comunidad, el Estado estará violando su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de los Triquis, reconocidos a nivel nacional e internacional.
Por ello, demandamos al Gobierno de Oaxaca:
Desarmar, arrestar, capturar, investigar y juzgar a los responsables de la masacre y del desplazamiento de los miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Garantizar sin retraso los derechos de los miembros de la comunidad desplazada, a la vida, la seguridad, al acceso a su territorio y a sus recursos para su subsistencia, a su autonomia y a demarcar su territorio donde ellos han vivido desde siempre y hasta antes de la masacre y un retorno seguro a su comunidad cumple con las obligaciones internacionales que exponen en el llamamiento anexo. (en Inglés)
Atentamente,
Nuevo Viento y Amigos de Jyri Jaakkola, Asociación Civil
contacto: villeveikkoh1@gmail.com"> villeveikkoh1@gmail.com
El retorno de 122 desplazados por la masacre cometida en 2010 en San Juan Copala, fue impedida durante más de un día por un bloque realizado por de 200 policías del gobierno local de Oaxaca, en la carretera pública de Tlaxiaco a Yosoyuxi el jueves 26 de enero.
Los derechos de retorno a su pueblo y al libre transito (por los que ellos habian pedido protección) fueron violados por los policías estatales, en contra de su obligación de garantizar y proteger estos derechos. Los desplazados, incluyendo a 71 mujeres y 26 niños fueron obligados a parar su viaje de vuelta y esperar allí fuera en plena noche con temperaturas muy bajas y sin alimentos.
El estado de Oaxaca no haya cumplido adecuadamente sus obligaciones acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo las medidas cautelares MC 197-10 para garantizar la seguridad de los desplazados en su retorno a su legítimo territorio, San Juan Copala.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH para proteger a los 135 víctimas desplazadas obliga al gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal de estos 135 habitantes de San Juan Copala” según el acuerdo “concertará las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.”
Sin embargo, en vez de acordar con los desplazados sobre cómo garantizar sus derechos, el 25 de enero de 2012, el gobierno estableció un acuerdo con los que perpetradores de la masacre del 2010 en San Juan Copala, dejando así a las víctimas sin pronunciarse sobre sus derechos esenciales, socavados sin su consentimiento.
Para garantizar los derechos humanos de desplazados por una masacre, se requiere que el Estado sin retraso comience un plan de desarme, arreste y lleve a la justicia a los responsables de la masacre y garantice un retorno seguro a su comunidad de origen, así como protegerlos de cualquier interferencia o uso de la fuerza de los perpetradores.
El Estado se muestra por el contrario, acordando con los responsables de la masacre de la comunidad, en los términos de que después de 18 meses de desplazamiento, las familias desplazadas podrían empezar en Marzo a regresar gradualmente una por una, siempre y cuando acepten que su comunidad sea dirigida por los perpetradores de la masacre y de su desplazamiento.
Si el estado permite que estos hombres quienes aun controlan las armas y por ende a la comunidad capturada, determinando las condiciones de vida en la comunidad, entonces la duración del retorno podría tomar 4 años.
El gobierno aun considera como parte de las autoridades locales a los pistoleros Julio Martinez y Mauro Vasquez quienes participaron en la masacre en contra de los miembros y defensores del Municipio Autonomo de San Juan Copala, incluidos Bety Cariño, integrante de la organizaciòn Cactus y Jyri Jaakkola de nuestra asociación ¨Nuevo Viento¨.
Estas medidas del gobierno protegiendo a los asesinos en lugar de desarmalos y arrestarlos, favoreciendo la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos pasadas y que se siguen perpetrando, como la de agosto del año pasado, en donde otra vez 3 miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala fueron asesinados.
La comunidad desplazada Triqui demanda su derecho al acceso efectivo al territorio que le pertenece, cuyo retorno ha sido anunciado. Si el Estado no los protege y permite a los perpetradores de la masacre continuar con el control de la comunidad, el Estado estará violando su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de los Triquis, reconocidos a nivel nacional e internacional.
Por ello, demandamos al Gobierno de Oaxaca:
Desarmar, arrestar, capturar, investigar y juzgar a los responsables de la masacre y del desplazamiento de los miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Garantizar sin retraso los derechos de los miembros de la comunidad desplazada, a la vida, la seguridad, al acceso a su territorio y a sus recursos para su subsistencia, a su autonomia y a demarcar su territorio donde ellos han vivido desde siempre y hasta antes de la masacre y un retorno seguro a su comunidad cumple con las obligaciones internacionales que exponen en el llamamiento anexo. (en Inglés)
Atentamente,
Nuevo Viento y Amigos de Jyri Jaakkola, Asociación Civil
contacto: villeveikkoh1@gmail.com"> villeveikkoh1@gmail.com
jueves 26 de enero de 2012
Los desplazados de San Juan Copala son retenidos en Tlaxiaco por las autoridades estatales
Mas de 200 granaderos detuvieron por medio de la fuerza la caravana de
retorno de los desplazados de San JUan Copala.
Desde las 20:20 las 71 mujeres triquis que regresan a sus hogares
fueron detenidos a la altura del puente Putla Santa Catarina, a 7
kilómetros de la ciudad de Tlaxiaco, por fuerzas de seguridad publica
comandados Roberto César Alfaro Cruz, Comisionado de Seguridad y
encabezados por Erendira Cruz Villegas Comisionada de Derechos Humanos
del Estado de Oaxaca, Víctor Raúl Martínez Vázquez, Coordinador de
Asesores del gobernador Gabino Cue y Dagoberto Carreño Gopar,
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria
General de Gobierno.
También se encuentra participando en el bloqueo de la carretera
Raymundo Ramírez García, Comisionado de Derechos Humanos y Virgilio
Gómez López, Supervisor de Módulos de Desarrollo sustentable.
71 mujeres triquis desplazadas, 26 niños desde recien nacidos hasta 14
años se encuentran detenidos en medio del frio de la noche
impidiéndoles el retorno a sus hogares por ordenes del gobernador
Gabino Cue.
En total en la caravana del retorno a San JUan Copala reune a 148
personas quienes viajan en dos camiones y 5 camionetas suburvan con
una capacidad de 20 plazas, de estos 122 son desplazados quienes se
uniran a los desplazados que sobreviven en la región para entrar de
manera conjunta a San Juan Copala. El numero restante (26) corresponde
a periodistas, observadores internacionales de derechos humanos y
miembros de organizaciones solidarias con el pueblo triqui.
Los bebes triquis se encuentran con problemas ya de alimentación, ya
que desde la mañana de hoy no han probado alimentos y son afectados
gravemente por el frio de esta parte serrana.
En voz del coordinador de asesores del gobernador, los indígenas
triquis no pasaran, simplemente porque así lo ha decidido el
gobernador del Estado.
Se adjuntan las fotografias de los funcionarios que estan en este
momento impidiendo el paso a la caravana del retorno a sus hogares. Y
fotos de algunas mujeres detinadas por la fuerza publica.
Por favor rogamos la intervención inmediata de la Comisión
Interamericana de derechos humanos, de la comisión nacional de
derechos humanos, y denunciamos que en lugar de garantizar los
derechos humanos, la Comisión estatal de Derechos Humanos se encuentra
avalando el impedimento al libre transito y el derecho de los
desplazados a regresar a sus hogares.
David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad
Telefonos disponibles para comunicación
04455 1342-7914
04455 1908-3474
04455 2174-4381
Comunicado del Consejo Autónomo Comunitario de San Juan Copala en relación al retorno de los desplazados
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos hasta el día de ayer gran alegría había en nuestros corazones pues teníamos la seguridad que esta vez sí podríamos retornar a nuestro pueblo, San Juan Copala, del que fuimos desplazados por criminales al servicio del perverso Ulises Ruiz Ortiz. Contentos estábamos pues creíamos que con la salida del PRI del gobierno estatal las cosas habían cambiado y que ahora sí los criminales ya no tendrían protección, pero grande fue nuestro dolor cuando comprobamos que nada cambia, que los gobiernos sean del color que sean siempre protegerán a quien le signifique votos, les garantice control político y económico, y que permita que la población originaria continúe siendo despojada de su tierra y territorio, no importa que se trate de los peores criminales.
El día de ayer acudimos a la reunión de “autoridades” TRIQUIS convocada por el gobernador del estado, a fin de firmar un supuesto acuerdo de paz y concordia para nuestra región que desconocíamos hasta ese momento y cuyo evento fue el pretexto que el gobierno del estado usó como argumento para seguir posponiendo la fecha que se había comprometido –por escrito– para el día 20 de este mes para regresar por fin a nuestro pueblo.
A pesar que en diferentes ocasiones dejamos claro con funcionarios del gobierno estatal que nuestro pueblo desplazado no reconoce al supuesto “agente municipal”, Julio Martínez Ramírez, quien fue impuesto por su hijo Julio Cesar Martínez, el asesino material de Jyri Jaakola y muchas personas más, este sujeto ocupaba el lugar más privilegiado en dicha reunión, al lado del gobernador Gabino Cué.
También ocupaba un lugar en dicha reunión el ex diputado y conocido cacique de la región triqui, Rufino Merino Zaragoza, que cuenta con una lista de más de 80 asesinatos cometido con sus propias manos o los cuales ha ordenado personalmente. A este criminal se debe mucha de la sangre que en nuestra región se ha derramado. En el transcurso de la reunión quedó perfectamente claro que las supuestas “organizaciones sociales”, MULT y UBISORT, son una misma cosa, por lo siguiente; Rufino Merino se presentó como representante de las comunidades del MULT pero en toda la reunión defendió las propuestas hechas por la ex periodista Ixtli Martínez, la cual es la apoderada legal de los paramilitares que ocupan San Juan Copala. Ixtli Martínez es la representante del grupo de criminales que nos desplazó de nuestra comunidad, quienes impusieron a Julio Martínez como “agente” municipal, que se dice UBISORT pero que en realidad ha sido absorbido por el MULT. Queda claro que todos los asesinatos que se han cometido en contra de nuestros hermanos incluyendo los del 27 de abril del 2010, fueron realizados por estos dos grupos de criminales.
El “agente” municipal profesor Julio Martínez Ramírez es padre de Julio Cesar Martínez Morales, brazo derecho de Antonio Cruz García alias “Toño Pájaro” quienes cuentan con varias órdenes de aprehensión y que hoy entendemos no les son ejecutadas porque desde el palacio de gobierno se le da la protección y la impunidad que a estos asesinos les permite disponer de la vida humana a su antojo. Sabiéndose protegidos y con toda la impunidad, Julio Martínez puso condiciones por demás estúpidas para el retorno de los desplazados a sus hogares una de esas fue que se permitiría la entrada de dos familias desplazadas por mes a partir del 20 de marzo, o sea que para el retorno total de las 110 familias se necesitarían más de 4 años; todo esto contó con la complacencia del gobernador presente en la reunión quien por si fuera poco todavía nos responsabilizó de lo que llegue a pasar en caso de pretender entrar a nuestro pueblo.
Compañeros, compañeras: Nosotros ya no podemos esperar más. Regresaremos a nuestra comunidad, y responsabilizamos de lo que llegue a pasar en primer lugar al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, al asesino múltiple Rufino Merino Zaragoza, a Julio Martínez Ramírez, a Antonio Cruz García, a Julio Cesar Martínez Morales, y a quien asesora e incita a este grupo de asesinos, Ixtli Martínez. Por último le decimos al gobernador que en su conciencia quede lo que suceda, porque él lo pudo haber impedido con el solo hecho de ordenar que se hiciera respetar la ley en el estado que dice gobernar.
RESPETUOSAMETE
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos hasta el día de ayer gran alegría había en nuestros corazones pues teníamos la seguridad que esta vez sí podríamos retornar a nuestro pueblo, San Juan Copala, del que fuimos desplazados por criminales al servicio del perverso Ulises Ruiz Ortiz. Contentos estábamos pues creíamos que con la salida del PRI del gobierno estatal las cosas habían cambiado y que ahora sí los criminales ya no tendrían protección, pero grande fue nuestro dolor cuando comprobamos que nada cambia, que los gobiernos sean del color que sean siempre protegerán a quien le signifique votos, les garantice control político y económico, y que permita que la población originaria continúe siendo despojada de su tierra y territorio, no importa que se trate de los peores criminales.
El día de ayer acudimos a la reunión de “autoridades” TRIQUIS convocada por el gobernador del estado, a fin de firmar un supuesto acuerdo de paz y concordia para nuestra región que desconocíamos hasta ese momento y cuyo evento fue el pretexto que el gobierno del estado usó como argumento para seguir posponiendo la fecha que se había comprometido –por escrito– para el día 20 de este mes para regresar por fin a nuestro pueblo.
A pesar que en diferentes ocasiones dejamos claro con funcionarios del gobierno estatal que nuestro pueblo desplazado no reconoce al supuesto “agente municipal”, Julio Martínez Ramírez, quien fue impuesto por su hijo Julio Cesar Martínez, el asesino material de Jyri Jaakola y muchas personas más, este sujeto ocupaba el lugar más privilegiado en dicha reunión, al lado del gobernador Gabino Cué.
También ocupaba un lugar en dicha reunión el ex diputado y conocido cacique de la región triqui, Rufino Merino Zaragoza, que cuenta con una lista de más de 80 asesinatos cometido con sus propias manos o los cuales ha ordenado personalmente. A este criminal se debe mucha de la sangre que en nuestra región se ha derramado. En el transcurso de la reunión quedó perfectamente claro que las supuestas “organizaciones sociales”, MULT y UBISORT, son una misma cosa, por lo siguiente; Rufino Merino se presentó como representante de las comunidades del MULT pero en toda la reunión defendió las propuestas hechas por la ex periodista Ixtli Martínez, la cual es la apoderada legal de los paramilitares que ocupan San Juan Copala. Ixtli Martínez es la representante del grupo de criminales que nos desplazó de nuestra comunidad, quienes impusieron a Julio Martínez como “agente” municipal, que se dice UBISORT pero que en realidad ha sido absorbido por el MULT. Queda claro que todos los asesinatos que se han cometido en contra de nuestros hermanos incluyendo los del 27 de abril del 2010, fueron realizados por estos dos grupos de criminales.
El “agente” municipal profesor Julio Martínez Ramírez es padre de Julio Cesar Martínez Morales, brazo derecho de Antonio Cruz García alias “Toño Pájaro” quienes cuentan con varias órdenes de aprehensión y que hoy entendemos no les son ejecutadas porque desde el palacio de gobierno se le da la protección y la impunidad que a estos asesinos les permite disponer de la vida humana a su antojo. Sabiéndose protegidos y con toda la impunidad, Julio Martínez puso condiciones por demás estúpidas para el retorno de los desplazados a sus hogares una de esas fue que se permitiría la entrada de dos familias desplazadas por mes a partir del 20 de marzo, o sea que para el retorno total de las 110 familias se necesitarían más de 4 años; todo esto contó con la complacencia del gobernador presente en la reunión quien por si fuera poco todavía nos responsabilizó de lo que llegue a pasar en caso de pretender entrar a nuestro pueblo.
Compañeros, compañeras: Nosotros ya no podemos esperar más. Regresaremos a nuestra comunidad, y responsabilizamos de lo que llegue a pasar en primer lugar al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, al asesino múltiple Rufino Merino Zaragoza, a Julio Martínez Ramírez, a Antonio Cruz García, a Julio Cesar Martínez Morales, y a quien asesora e incita a este grupo de asesinos, Ixtli Martínez. Por último le decimos al gobernador que en su conciencia quede lo que suceda, porque él lo pudo haber impedido con el solo hecho de ordenar que se hiciera respetar la ley en el estado que dice gobernar.
RESPETUOSAMETE
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
URGENTE: El retorno de los desplazados a San Juan Copala en grave riesgo
En estos momentos está partiendo del zócalo de la ciudad de Oaxaca la
caravana de retorno de los desplazados de San Juan Copala a sus
hogares.
La noche previa el gobernador amenazó a los integrantes del Municipio
Autónomo de que ellos serían los responsables de las agresiones que
sufrieran por parte de los paramilitares, en una reunión en la que
este gobernador estuvo acompañado permanentemente por los dirigentes
de los grupos paramilitares.
El gobernador ha amenazado, por medio de funcionarios públicos, con
impedir el libre tránsito de los desplazados a sus hogares mediante la
fuerza publica en algún lugar de la ruta de traslado.
Hace 10 minutos nos entrevistamos con el Lic. Saul Bolaños,
representante del Estado Mexicano ante las mesas de trabajo para la
implementación de las medidas cautelares 197-10 a quien pedimos ante
esta actitud amenazante del gobernador del Estado de Oaxaca la
protección del gobierno federal.
Igualmente se firmó una minuta con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Oaxaca en la que ésta se compromete a acompañar el proceso
de retorno de los desplazados y se ha hecho la solicitud a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecer
comunicación con el gobernador del Estado y solicitarle brinde las
condiciones de seguridad para el libre tránsito y el retorno de los
desplazados de San Juan Copala.
En correo siguiente, enviaremos al la CIDH el documento firmado por el
secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, el numero 2 en la
jeraquía del gobierno del estado, en la que el gobierno del estado se
comprometió a garantizar el completo retorno de los desplazados a más
tardar el 20 de enero del 2012, el cual a pesar de haber sido firmado
por la autoridad fue desconocido por éstas y en su lugar el gobernador
trató de resolver el problema de los desplazados de San Juan Copala
poniéndolo a votación de las "autoridades" impuestas por los dos
grupos paramilitares que asolan la región.
Este es un mensaje urgente.
David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
caravana de retorno de los desplazados de San Juan Copala a sus
hogares.
La noche previa el gobernador amenazó a los integrantes del Municipio
Autónomo de que ellos serían los responsables de las agresiones que
sufrieran por parte de los paramilitares, en una reunión en la que
este gobernador estuvo acompañado permanentemente por los dirigentes
de los grupos paramilitares.
El gobernador ha amenazado, por medio de funcionarios públicos, con
impedir el libre tránsito de los desplazados a sus hogares mediante la
fuerza publica en algún lugar de la ruta de traslado.
Hace 10 minutos nos entrevistamos con el Lic. Saul Bolaños,
representante del Estado Mexicano ante las mesas de trabajo para la
implementación de las medidas cautelares 197-10 a quien pedimos ante
esta actitud amenazante del gobernador del Estado de Oaxaca la
protección del gobierno federal.
Igualmente se firmó una minuta con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Oaxaca en la que ésta se compromete a acompañar el proceso
de retorno de los desplazados y se ha hecho la solicitud a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecer
comunicación con el gobernador del Estado y solicitarle brinde las
condiciones de seguridad para el libre tránsito y el retorno de los
desplazados de San Juan Copala.
En correo siguiente, enviaremos al la CIDH el documento firmado por el
secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, el numero 2 en la
jeraquía del gobierno del estado, en la que el gobierno del estado se
comprometió a garantizar el completo retorno de los desplazados a más
tardar el 20 de enero del 2012, el cual a pesar de haber sido firmado
por la autoridad fue desconocido por éstas y en su lugar el gobernador
trató de resolver el problema de los desplazados de San Juan Copala
poniéndolo a votación de las "autoridades" impuestas por los dos
grupos paramilitares que asolan la región.
Este es un mensaje urgente.
David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
lunes 23 de enero de 2012
DE NUEVA CUENTA, EL GOBIERNO DE GABINO CUE INCUMPLE SU PALABRA PARA LOGRAR EL REGRESO DE LAS Y LOS DESPLAZADOS A SAN JUAN COPALA
Después de más de 30 asesinatos, violaciones, tortura, de vivir por
más de un año fuera de su tierra y territorio, de decenas de acciones,
movilizaciones, de mantener 2 plantones de lucha y resistencia, y de
más de 23 mesas de trabajo sostenidas con los gobiernos estatal y
federal, para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de
habitantes de San Juan Copala, los representantes del Municipio
Autónomo habían alcanzado algunos acuerdos con el gobierno estatal,
para que l@s desplazad@s regresaran a San Juan Copala este 23 de
enero, sin embargo, de nueva cuenta, el gobierno falta a su palabra.
Por ese motivo, nos hacen un llamado a toda la clase trabajadora, a
las y los estudiantes, a las organizaciones sociales, sindicales,
populares, democráticas y revolucionarias, a acompañar y
solidarizarnos con el retorno pacífico a sus hogares.
Han decidido en este sentido, organizar el retorno a su comunidad para
este miércoles 25 de enero de 2012, desde el Zócalo de la ciudad de
Oaxaca después de medio día.
Hoy más que nunca, las comunidades triquis que pelean su autonomía,
que construyen su historia al margen de los partidos políticos y de
las instituciones del Estado, requieren de la cooperación de quienes
estamos de acuerdo con ese proyecto para que se fortalezca e ayudemos
a que desaparezcan las condiciones de paramilitarismo, caciquismo y
control corporativo institucional, entre otros, que han mantenido
sometidos a las y los indígenas de la región.
Siguen solicitando acopio en alimentos no perecederos, medicamentos,
herramientas y en lo económico, lo que puede llevarse directamente al
plantón que se encuentra en los portales del Zócalo de Oaxaca.
FUERA PARAMILITARES DE LA REGION TRIQUI
RESPETO A LA AUTONOMIA DEL PUEBLO TRIQUI
Comité en Defensa y por Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala
cdefensayjusticiamasjc@gmail.com
más de un año fuera de su tierra y territorio, de decenas de acciones,
movilizaciones, de mantener 2 plantones de lucha y resistencia, y de
más de 23 mesas de trabajo sostenidas con los gobiernos estatal y
federal, para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de
habitantes de San Juan Copala, los representantes del Municipio
Autónomo habían alcanzado algunos acuerdos con el gobierno estatal,
para que l@s desplazad@s regresaran a San Juan Copala este 23 de
enero, sin embargo, de nueva cuenta, el gobierno falta a su palabra.
Por ese motivo, nos hacen un llamado a toda la clase trabajadora, a
las y los estudiantes, a las organizaciones sociales, sindicales,
populares, democráticas y revolucionarias, a acompañar y
solidarizarnos con el retorno pacífico a sus hogares.
Han decidido en este sentido, organizar el retorno a su comunidad para
este miércoles 25 de enero de 2012, desde el Zócalo de la ciudad de
Oaxaca después de medio día.
Hoy más que nunca, las comunidades triquis que pelean su autonomía,
que construyen su historia al margen de los partidos políticos y de
las instituciones del Estado, requieren de la cooperación de quienes
estamos de acuerdo con ese proyecto para que se fortalezca e ayudemos
a que desaparezcan las condiciones de paramilitarismo, caciquismo y
control corporativo institucional, entre otros, que han mantenido
sometidos a las y los indígenas de la región.
Siguen solicitando acopio en alimentos no perecederos, medicamentos,
herramientas y en lo económico, lo que puede llevarse directamente al
plantón que se encuentra en los portales del Zócalo de Oaxaca.
FUERA PARAMILITARES DE LA REGION TRIQUI
RESPETO A LA AUTONOMIA DEL PUEBLO TRIQUI
Comité en Defensa y por Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala
cdefensayjusticiamasjc@gmail.com
viernes 20 de enero de 2012
Comunicado del Consejo Autónomo de San Juan Copala a raíz del retorno de los desplazados a su comunidad
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUEBLO DE MEXICO
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos a todos los que nos acompañan en este camino de dolor, que no solo nosotros si todos los pueblos originarios de este nuestro México caminamos por resistir y no querer dejar de ser lo que somos, los guardianes de nuestros suelos desde donde día con día luchamos y caminamos para seguir conservando nuestra memoria histórica, que tanto molesta a los dueños del poder y del dinero de este país.
Todo esto compañeras, compañeros no sería posible si no existiera la fraternidad de todos ustedes nos dan de una forma o de otra, es por eso que hoy los niños, mujeres, ancianos, hombres de San Juan Cópala nos dirigimos a ustedes en voz de nuestros representantes primero para decirles GRACIAS por tanta solidaridad demostrada a lo largo de todo este tiempo que la voz del poderoso ordena muerte y represión para nosotros.
También nos dirigimos a ustedes para comunicarles que hemos decidido regresar a nuestro pueblo después de 17 meses, que la mano ejecutora del priismo oaxaqueño nos desplazo de él a través de las armas, esto porque en los últimos meses hemos llegado a algunos acuerdos con el gobierno del estado, en las mesas de medidas cautelares dictadas por la comisión interamericana de derechos humanos y pensamos existen ya las condiciones para regresar, y si bien falta que el gobierno del estado ejecute algunas órdenes de aprensión ya para quienes vivimos fuera de nuestras casas es una situación inaguantable, es por eso que les pedimos a todos los que nos quieran acompañar a instalarnos a nuestro Chuma'a lo pueden hacer, eso garantizará que no se dé ningún tipo de provocación. Para esto partiremos de la ciudad de Oaxaca el día 23 entre las 9 y 10 de la mañana exactamente desde el zócalo capitalino lugar donde el día 22 instalaremos un campamento de acopio de víveres para poder sobrevivir en nuestra comunidad mientras se normaliza la situación.
Por otro lado queremos aclarar que todos los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno de Oaxaca se han hecho de manera digna y respetando siempre la palabra de nuestra asamblea comunitaria que ha autorizado todo lo que se ha convenido y en ningún momento alguien ha tomado acuerdos por encima de la voluntad y la decisión de nuestro pueblo aclaramos esto porque como en todo movimiento social o comunitario en el nuestro existen algunos indígenas ladinos que se han dedicado a desprestigiar nuestro digno movimiento pensando que atacar a quienes dan la cara acabara con la resistencia que tenemos y así ellos se podrán seguir aprovechando de nuestros pueblos como siempre lo han hecho, a todos quienes basados en calumnias intentan detener el proceso de dignificación que empieza a caminar en nuestra región les decimos que no se equivoquen, nada se ha hecho en lo oscurito como anteriormente se acostumbraba, se ha obedecido al pueblo en todo lo que él manda, calumniar escondido en un alias a través de las redes sociales es una cobardía que no puede ser más que la estrategia de quienes por décadas se aprovecharon de nuestra gente y hoy que el pueblo empieza a despertar hay quienes de la manera más rastrera se prestan a servir a quienes sí en verdad se han hecho ricos y poderosos con la miseria de nuestro pueblo.
POR UN RETORNO DIGNO, JUSTO Y PACIFICO
R E P E T U O S A M E N T E
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
A 20 de enero de 2012
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUEBLO DE MEXICO
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos a todos los que nos acompañan en este camino de dolor, que no solo nosotros si todos los pueblos originarios de este nuestro México caminamos por resistir y no querer dejar de ser lo que somos, los guardianes de nuestros suelos desde donde día con día luchamos y caminamos para seguir conservando nuestra memoria histórica, que tanto molesta a los dueños del poder y del dinero de este país.
Todo esto compañeras, compañeros no sería posible si no existiera la fraternidad de todos ustedes nos dan de una forma o de otra, es por eso que hoy los niños, mujeres, ancianos, hombres de San Juan Cópala nos dirigimos a ustedes en voz de nuestros representantes primero para decirles GRACIAS por tanta solidaridad demostrada a lo largo de todo este tiempo que la voz del poderoso ordena muerte y represión para nosotros.
También nos dirigimos a ustedes para comunicarles que hemos decidido regresar a nuestro pueblo después de 17 meses, que la mano ejecutora del priismo oaxaqueño nos desplazo de él a través de las armas, esto porque en los últimos meses hemos llegado a algunos acuerdos con el gobierno del estado, en las mesas de medidas cautelares dictadas por la comisión interamericana de derechos humanos y pensamos existen ya las condiciones para regresar, y si bien falta que el gobierno del estado ejecute algunas órdenes de aprensión ya para quienes vivimos fuera de nuestras casas es una situación inaguantable, es por eso que les pedimos a todos los que nos quieran acompañar a instalarnos a nuestro Chuma'a lo pueden hacer, eso garantizará que no se dé ningún tipo de provocación. Para esto partiremos de la ciudad de Oaxaca el día 23 entre las 9 y 10 de la mañana exactamente desde el zócalo capitalino lugar donde el día 22 instalaremos un campamento de acopio de víveres para poder sobrevivir en nuestra comunidad mientras se normaliza la situación.
Por otro lado queremos aclarar que todos los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno de Oaxaca se han hecho de manera digna y respetando siempre la palabra de nuestra asamblea comunitaria que ha autorizado todo lo que se ha convenido y en ningún momento alguien ha tomado acuerdos por encima de la voluntad y la decisión de nuestro pueblo aclaramos esto porque como en todo movimiento social o comunitario en el nuestro existen algunos indígenas ladinos que se han dedicado a desprestigiar nuestro digno movimiento pensando que atacar a quienes dan la cara acabara con la resistencia que tenemos y así ellos se podrán seguir aprovechando de nuestros pueblos como siempre lo han hecho, a todos quienes basados en calumnias intentan detener el proceso de dignificación que empieza a caminar en nuestra región les decimos que no se equivoquen, nada se ha hecho en lo oscurito como anteriormente se acostumbraba, se ha obedecido al pueblo en todo lo que él manda, calumniar escondido en un alias a través de las redes sociales es una cobardía que no puede ser más que la estrategia de quienes por décadas se aprovecharon de nuestra gente y hoy que el pueblo empieza a despertar hay quienes de la manera más rastrera se prestan a servir a quienes sí en verdad se han hecho ricos y poderosos con la miseria de nuestro pueblo.
POR UN RETORNO DIGNO, JUSTO Y PACIFICO
R E P E T U O S A M E N T E
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
A 20 de enero de 2012
lunes 16 de enero de 2012
Regresan Desplazadas a San Juan Copala y hacen un llamado de Paz
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS INDIGENAS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos que nos acompañan en esta larga noche de dolor que los dueños del poder mandan a quienes nos resistimos a dejar de ser los herederos de la historia, y luchamos por conservar nuestra identidad indígena junto con nuestro territorio y lo que sus suelos guardan.
Hoy nuestro pueblo de San Juan Copala en voz de nuestro Consejo Autónomo Comunitario se dirige a todas y todos los que sin pensarlo extendieron su mano solidaria cuando más lo necesitamos, primero para agradecer de manera fraterna su solidaridad sobre todo con el plantón de desplazados que a lo largo de 16 meses se mantuvo en el zócalo capitalino, así mismo con las diferentes actividades de protesta política que de manera pacífica hemos realizado, no sería suficiente decir gracias mil veces por eso desde la humildad de nuestro corazón indígena nos comprometemos a seguir luchando cada día más organizados, para fortalecer cada vez más la autodeterminación de los pueblos indígenas de este nuestro Oaxaca es la forma que pensamos demostrara cuanto apreciamos el gran cariño con que cuidaron y protegieron a nuestras hermanas, cuando llegaron huyendo si nada más que su dignidad como equipaje.
También les queremos comunicar con gran contento que después de vivir por más de un año fuera de nuestra tierra hemos decidido retornar a nuestro pueblo, pues después de 23 mesas de trabajo sostenidas con los gobiernos estatal y federal, para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de habitantes de nuestra comunidad hemos alcanzado algunos acuerdos con el gobierno estatal esto nos hace pensar que existen condiciones favorables para retornar de manera pacífica a nuestros hogares sin que esto se entienda como una provocación, es necesario aclarar que los acuerdos que se han alcanzado únicamente con el gobierno estatal, pues el gobierno federal no ha demostrado un interés real por atender nuestras demandas, por ese motivo estamos haciendo un llamado a todas y todos las mujeres y hombres que caminan abajo y a la izquierda a que nos acompañen a instalarnos en nuestra comunidad el día 23 de este mes a quienes no puedan hacerlo, a estar vigilantes desde sus trincheras de lucha para denunciar cualquier tipo de agresión que pudiera darse.
Hacemos un llamado respetuoso a las comunidades triquis representadas en el MULT a caminar nuestros diferentes proyectos políticos por los caminos de paz y respeto y de ser posible mas adelante del diálogo pues estamos convencidos que éste es el único camino para fortalecer nuestra cultura y conservar nuestra historia, seguros estamos que si la palabra triqui camina nuestras montañas nos daríamos cuenta que nuestras diferencias en realidad no existen, y que el rencor el odio vienen de donde siempre han venido de los poderosos pues, que ayudados por algunos indígenas ladinos que han perdido su dignidad y su honor se prestan a sembrar el dolor en nuestros pueblos, a cambio de unas cuantas monedas o de pequeños puestos de poder, mientras quienes les ordenan ríen complacidos en sus palacios de cristal viendo como nos causamos daño entre hermanos y solo esperan como lobos hambrientos que nos acabemos entre nosotros para quedarse con nuestras riquezas naturales.
LA HISTORIA Y LA DIGNIDAD INDIGENA NO SE VENDEN NI SE RINDEN
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
ENERO 14 2012
P.D La salida para San Juan Cópala será entre 8 y 9 de la mañana desde el zócalo de Oaxaca se pide nuevamente la solidaridad fraterna de todos quienes quieran apoyarnos con despensa, y cobijas que serán de gran utilidad mientras se empieza a normalizar la situación en nuestra comunidad, desde la tarde del día 22 se instalara un centro de acopio en el mismo zócalo .
A LOS PUEBLOS INDIGENAS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos que nos acompañan en esta larga noche de dolor que los dueños del poder mandan a quienes nos resistimos a dejar de ser los herederos de la historia, y luchamos por conservar nuestra identidad indígena junto con nuestro territorio y lo que sus suelos guardan.
Hoy nuestro pueblo de San Juan Copala en voz de nuestro Consejo Autónomo Comunitario se dirige a todas y todos los que sin pensarlo extendieron su mano solidaria cuando más lo necesitamos, primero para agradecer de manera fraterna su solidaridad sobre todo con el plantón de desplazados que a lo largo de 16 meses se mantuvo en el zócalo capitalino, así mismo con las diferentes actividades de protesta política que de manera pacífica hemos realizado, no sería suficiente decir gracias mil veces por eso desde la humildad de nuestro corazón indígena nos comprometemos a seguir luchando cada día más organizados, para fortalecer cada vez más la autodeterminación de los pueblos indígenas de este nuestro Oaxaca es la forma que pensamos demostrara cuanto apreciamos el gran cariño con que cuidaron y protegieron a nuestras hermanas, cuando llegaron huyendo si nada más que su dignidad como equipaje.
También les queremos comunicar con gran contento que después de vivir por más de un año fuera de nuestra tierra hemos decidido retornar a nuestro pueblo, pues después de 23 mesas de trabajo sostenidas con los gobiernos estatal y federal, para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de habitantes de nuestra comunidad hemos alcanzado algunos acuerdos con el gobierno estatal esto nos hace pensar que existen condiciones favorables para retornar de manera pacífica a nuestros hogares sin que esto se entienda como una provocación, es necesario aclarar que los acuerdos que se han alcanzado únicamente con el gobierno estatal, pues el gobierno federal no ha demostrado un interés real por atender nuestras demandas, por ese motivo estamos haciendo un llamado a todas y todos las mujeres y hombres que caminan abajo y a la izquierda a que nos acompañen a instalarnos en nuestra comunidad el día 23 de este mes a quienes no puedan hacerlo, a estar vigilantes desde sus trincheras de lucha para denunciar cualquier tipo de agresión que pudiera darse.
Hacemos un llamado respetuoso a las comunidades triquis representadas en el MULT a caminar nuestros diferentes proyectos políticos por los caminos de paz y respeto y de ser posible mas adelante del diálogo pues estamos convencidos que éste es el único camino para fortalecer nuestra cultura y conservar nuestra historia, seguros estamos que si la palabra triqui camina nuestras montañas nos daríamos cuenta que nuestras diferencias en realidad no existen, y que el rencor el odio vienen de donde siempre han venido de los poderosos pues, que ayudados por algunos indígenas ladinos que han perdido su dignidad y su honor se prestan a sembrar el dolor en nuestros pueblos, a cambio de unas cuantas monedas o de pequeños puestos de poder, mientras quienes les ordenan ríen complacidos en sus palacios de cristal viendo como nos causamos daño entre hermanos y solo esperan como lobos hambrientos que nos acabemos entre nosotros para quedarse con nuestras riquezas naturales.
LA HISTORIA Y LA DIGNIDAD INDIGENA NO SE VENDEN NI SE RINDEN
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
ENERO 14 2012
P.D La salida para San Juan Cópala será entre 8 y 9 de la mañana desde el zócalo de Oaxaca se pide nuevamente la solidaridad fraterna de todos quienes quieran apoyarnos con despensa, y cobijas que serán de gran utilidad mientras se empieza a normalizar la situación en nuestra comunidad, desde la tarde del día 22 se instalara un centro de acopio en el mismo zócalo .
martes 6 de diciembre de 2011
MULT y UBISORT mandan quemar el plantón del Municipio Autónomo de San Juan Copala del D.F.
Al pueblo explotado de México y el Mundo:
A la Otra Campaña:
Denunciamos que el día de hoy entre las 9 y 10 de la mañana, presuntos ” jóvenes de la calle”, quemaron las carpas de los compañeros que se encuentran en plantón en el Distrito Federal, el fuego sólo alcanzó a llevarse la parte trasera de las carpas. Las compañeras tuvieron que ingeniárselas para cubrir esa parte destruida por el fuego, los jóvenes amenazaron con quemar todo el plantón. No dudamos que sea un acto perpetrado por los grupos paramilitares del PUP-MULT y PRI-UBISORT apoyado por el gobierno local y federal.
Llamamos a estar atentos en los próximos días pues la amenaza la realizaron este grupo de jóvenes que al parecer pretende llevar hasta el final sus actos de intimidación. Recordamos que compañeros que viven en el plantón cuentan con medidas cautelares, lo que llegará suceder responsabilizamos a los gobiernos: local y federal.
Municipio Autónomo de San Juan Copala
Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala
A la Otra Campaña:
Denunciamos que el día de hoy entre las 9 y 10 de la mañana, presuntos ” jóvenes de la calle”, quemaron las carpas de los compañeros que se encuentran en plantón en el Distrito Federal, el fuego sólo alcanzó a llevarse la parte trasera de las carpas. Las compañeras tuvieron que ingeniárselas para cubrir esa parte destruida por el fuego, los jóvenes amenazaron con quemar todo el plantón. No dudamos que sea un acto perpetrado por los grupos paramilitares del PUP-MULT y PRI-UBISORT apoyado por el gobierno local y federal.
Llamamos a estar atentos en los próximos días pues la amenaza la realizaron este grupo de jóvenes que al parecer pretende llevar hasta el final sus actos de intimidación. Recordamos que compañeros que viven en el plantón cuentan con medidas cautelares, lo que llegará suceder responsabilizamos a los gobiernos: local y federal.
Municipio Autónomo de San Juan Copala
Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala
Sale caminata de la región triqui en protesta por la actitud del gobierno mexicano
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO Y EL MUNDO
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos: a 16 meses de haber sido expulsados de nuestros hogares y nuestra comunidad tomada por la fuerza de las armas de sicarios al servicio del gobierno estatal y del gobierno municipal de Santiago Juxtlahuaca pasados, y a pesar de haber demostrado en todo momento nuestra disposición al diálogo, con el gobierno del estado actual y con el gobierno federal, como lo demuestran las 22 mesas de trabajo para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, queremos comunicarles que nada cambia, que los avances son mínimos y cada vez el desinterés de los gobiernos para encontrar una solución es más claro pues las ultimas mesas han estado a cargo de funcionarios de bajo perfil sin ninguna capacidad de solución, que el único argumento que tienen ante nuestras demandas es que lo van a consultar con su jefe para que éste a su vez lo consulte con su jefe. Esto --estamos seguros-- es con el fin de cansarnos y rendirnos, para abandonar nuestra lucha y que nuestras demandas queden en el olvido.
Por todo esto queremos comunicar que en asamblea comunitaria de desplazados y las demás comunidades adheridas al proyecto de autonomía decidimos realizar acciones políticas que dejen claro que no nos cansamos y mucho menos nos rendimos porque la paz con justicia y dignidad llegue a nuestra tierra. Que lo que se argumenta en algunos medios de comunicación es falso no hemos pactado nada con nadie y si fuera necesario hacerlo seria por acuerdo de nuestras comunidades.
Por eso buscamos la forma de dirigirnos mediante un CONSEJO y no dirigirnos por decisiones personales, sin embargo es necesario aclarar que nuestras comunidades, han acordado tener disposición al diálogo con las otras comunidades de nuestra nación triqui cuando las condiciones así lo permitan, porque estamos seguros que es solamente a través de la palabra como podremos alcanzar la paz que los malos gobiernos han convertido en una lucha estúpida entre hermanos.
En esta nueva etapa iniciaremos con una marcha caminata el día 18 de este mes, desde nuestras comunidades hasta el zócalo de esta capital, para reforzar significativamente el plantón que por más de un año hemos sostenido en este lugar, y aquí permaneceremos hasta que los gobiernos cumplan nuestra principal demanda que es de justicia.
Hacemos el llamado a todas y todos los que nos han acompañado en este dolor tan grande que nuestro pueblo atraviesa a estar pendientes del llamado que en los próximos días haremos para sumarse a estas acciones como lo han hecho siempre, estamos seguros que lo harán pues a lo largo de esta resistencia hemos aprendido que la Oaxaca que abajo y a la izquierda camina es una tierra de mujeres y hombres solidarios que siempre dan su corazón por sus hermanos de clase.
J U S T I C I A Y P A Z CON D I G N I D A D
CONSEJO AUTÓNOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO Y EL MUNDO
A LA OTRA CAMPAÑA
Hermanas, hermanos: a 16 meses de haber sido expulsados de nuestros hogares y nuestra comunidad tomada por la fuerza de las armas de sicarios al servicio del gobierno estatal y del gobierno municipal de Santiago Juxtlahuaca pasados, y a pesar de haber demostrado en todo momento nuestra disposición al diálogo, con el gobierno del estado actual y con el gobierno federal, como lo demuestran las 22 mesas de trabajo para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, queremos comunicarles que nada cambia, que los avances son mínimos y cada vez el desinterés de los gobiernos para encontrar una solución es más claro pues las ultimas mesas han estado a cargo de funcionarios de bajo perfil sin ninguna capacidad de solución, que el único argumento que tienen ante nuestras demandas es que lo van a consultar con su jefe para que éste a su vez lo consulte con su jefe. Esto --estamos seguros-- es con el fin de cansarnos y rendirnos, para abandonar nuestra lucha y que nuestras demandas queden en el olvido.
Por todo esto queremos comunicar que en asamblea comunitaria de desplazados y las demás comunidades adheridas al proyecto de autonomía decidimos realizar acciones políticas que dejen claro que no nos cansamos y mucho menos nos rendimos porque la paz con justicia y dignidad llegue a nuestra tierra. Que lo que se argumenta en algunos medios de comunicación es falso no hemos pactado nada con nadie y si fuera necesario hacerlo seria por acuerdo de nuestras comunidades.
Por eso buscamos la forma de dirigirnos mediante un CONSEJO y no dirigirnos por decisiones personales, sin embargo es necesario aclarar que nuestras comunidades, han acordado tener disposición al diálogo con las otras comunidades de nuestra nación triqui cuando las condiciones así lo permitan, porque estamos seguros que es solamente a través de la palabra como podremos alcanzar la paz que los malos gobiernos han convertido en una lucha estúpida entre hermanos.
En esta nueva etapa iniciaremos con una marcha caminata el día 18 de este mes, desde nuestras comunidades hasta el zócalo de esta capital, para reforzar significativamente el plantón que por más de un año hemos sostenido en este lugar, y aquí permaneceremos hasta que los gobiernos cumplan nuestra principal demanda que es de justicia.
Hacemos el llamado a todas y todos los que nos han acompañado en este dolor tan grande que nuestro pueblo atraviesa a estar pendientes del llamado que en los próximos días haremos para sumarse a estas acciones como lo han hecho siempre, estamos seguros que lo harán pues a lo largo de esta resistencia hemos aprendido que la Oaxaca que abajo y a la izquierda camina es una tierra de mujeres y hombres solidarios que siempre dan su corazón por sus hermanos de clase.
J U S T I C I A Y P A Z CON D I G N I D A D
CONSEJO AUTÓNOMO COMUNITARIO DE SAN JUAN COPALA
domingo 9 de octubre de 2011
Comunicado del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco sobre los deplazados de San Juan Copala
7 de octubre de 2011
CENTRO
REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO”
A.C.
A UN AÑO DEL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
PARA 135 HABITANTES DE SAN JUAN COPALA.
Hoy 7 de octubre se cumple un año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de San Juan Copala, exigiendo al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de estas personas. Al inicio, en las reuniones de implementación de las medidas cautelares se dio la participación de funcionarios federales y estatales a nivel de secretarías, quienes en ese momento mostraron su interés en el caso. Gracias a la presión internacional, en marzo del 2011 el propio gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de manera inédita acudió con una comisión de primer nivel a Washington a una reunión de trabajo solicitada por los peticionarios para informar sobre la implementación de las medidas cautelares.
El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BarcaDH) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, desde las primeras reuniones entregamos a las instancias responsables de la ejecución una propuesta integral para atender los temas de Justicia, Seguridad, Salud, Educación y retorno de los desplazados. Asimismo, solicitamos que instancias nternacionales de derechos humanos, como la Oficina para México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ACNUR, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y Brigadas de Paz, acompañaran y estuvieran en las reuniones de implementación.
En abril de 2011, BarcaDH y Cedhapi renunciamos al seguimiento de la implementación de las medidas cautelares, en virtud de que los beneficiarios decidieron seguir con el acompañamiento del Foro Permanente por la Verdad, a cargo de David Sicilia, organización que también fue peticionaria y tiene la representación de los desplazados que se encuentran en la Ciudad de México.
Es importante mencionar que una vez que se otorgaron las medidas cautelares en el mes de octubre, la situación de violencia y agresiones a integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala disminuyó y los proceso judiciales empezaron a avanzar.
El gobierno de Oaxaca, como parte del Estado mexicano, sabe que tiene una responsabilidad y compromiso para resolver la situación de impunidad que existe en la región, el desplazamiento de personas y la pacificación en la zona triqui; además es urgente y prioritario que el caso sea atendido de forma integral y de fondo.
A la fecha, y sin ser parte de la implementación de las medidas cautelares, nos preocupa y alarma que a un año del otorgamiento exista desinterés e incumplimiento de las mismas.
Nos solidarizamos con la exigencia de justicia de los desplazados de San Juan Copala, pero al mismo tiempo les pedimos que sean ellos quienes determinen el camino que los lleve a unificar su nación triqui, pues bien saben que hay muchos intereses políticos, económicos y de control que no los dejan unirse; existen muchos grupos que están con ellos y lejos de acercarlos a una solución, la complican.
Por lo anterior, desde el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” exigimos al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal:
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA LOS 135 HABITANTES DE
SAN JUAN COPALA.
RETORNO DE LOS DESPLAZADOS DEL PUEBLO TRIQUI
JUSTICIA PARA LAS VIUDAS Y HUÉRFAMOS DE SAN JUAN COPALA.
“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
CENTRO
REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO”
A.C.
A UN AÑO DEL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
PARA 135 HABITANTES DE SAN JUAN COPALA.
Hoy 7 de octubre se cumple un año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de San Juan Copala, exigiendo al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de estas personas. Al inicio, en las reuniones de implementación de las medidas cautelares se dio la participación de funcionarios federales y estatales a nivel de secretarías, quienes en ese momento mostraron su interés en el caso. Gracias a la presión internacional, en marzo del 2011 el propio gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de manera inédita acudió con una comisión de primer nivel a Washington a una reunión de trabajo solicitada por los peticionarios para informar sobre la implementación de las medidas cautelares.
El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BarcaDH) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, desde las primeras reuniones entregamos a las instancias responsables de la ejecución una propuesta integral para atender los temas de Justicia, Seguridad, Salud, Educación y retorno de los desplazados. Asimismo, solicitamos que instancias nternacionales de derechos humanos, como la Oficina para México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ACNUR, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y Brigadas de Paz, acompañaran y estuvieran en las reuniones de implementación.
En abril de 2011, BarcaDH y Cedhapi renunciamos al seguimiento de la implementación de las medidas cautelares, en virtud de que los beneficiarios decidieron seguir con el acompañamiento del Foro Permanente por la Verdad, a cargo de David Sicilia, organización que también fue peticionaria y tiene la representación de los desplazados que se encuentran en la Ciudad de México.
Es importante mencionar que una vez que se otorgaron las medidas cautelares en el mes de octubre, la situación de violencia y agresiones a integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala disminuyó y los proceso judiciales empezaron a avanzar.
El gobierno de Oaxaca, como parte del Estado mexicano, sabe que tiene una responsabilidad y compromiso para resolver la situación de impunidad que existe en la región, el desplazamiento de personas y la pacificación en la zona triqui; además es urgente y prioritario que el caso sea atendido de forma integral y de fondo.
A la fecha, y sin ser parte de la implementación de las medidas cautelares, nos preocupa y alarma que a un año del otorgamiento exista desinterés e incumplimiento de las mismas.
Nos solidarizamos con la exigencia de justicia de los desplazados de San Juan Copala, pero al mismo tiempo les pedimos que sean ellos quienes determinen el camino que los lleve a unificar su nación triqui, pues bien saben que hay muchos intereses políticos, económicos y de control que no los dejan unirse; existen muchos grupos que están con ellos y lejos de acercarlos a una solución, la complican.
Por lo anterior, desde el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” exigimos al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal:
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA LOS 135 HABITANTES DE
SAN JUAN COPALA.
RETORNO DE LOS DESPLAZADOS DEL PUEBLO TRIQUI
JUSTICIA PARA LAS VIUDAS Y HUÉRFAMOS DE SAN JUAN COPALA.
“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
viernes 30 de septiembre de 2011
Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala sobre la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala sobre la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 27 de septiembre del 2011.
Ante la situación de gravedad y urgencia de los desplazados de San Juan Copala y la negativa del Estado mexicano en cumplir las medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 7 de octubre del 2010, el pasado 27 de septiembre del 2011 tuvo lugar en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México la reunión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, presidida por el comisionado Rodrigo Escobar Gil, en seguimiento a las medidas cautelares 197/10 otorgadas a favor de 135 habitantes desplazados del pueblo indígena de San Juan Copala.
La audiencia tuvo lugar luego de que el pasado 19 de Agosto del presente año el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Humanos Yaxkin y Sakbe, Comunicacion y Defensa Para el Cambio, A. C., solicitaron a la Comisión una Audiencia Pública con la presencia del Relator para México Rodrigo Escobar, así como con la presencia del Estado mexicano con la finalidad de presentar la situación de violencia generalizada en contra de la comunidad indígena de San Juan Copala y las localidades autónomas triqui. A finales del mes de agosto la CIDH dio respuesta favorable a nuestra petición llevándose a cabo el día 27 de septiembre de 2011 la reunión mencionada.
La solicitud se hizo en razón de la incapacidad demostrada por el Estado Mexicano de otorgar seguridad y respeto a la comunidad autónoma. A casi un año de emitidas las medidas cautelares MC197-10, el Estado Mexicano ha capturado únicamente a Rufino Juárez, jefe paramilitar de UBISORT, uno de los responsable de la emboscada del 27 de abril en la Sabana. Fuera de esto, no han sancionado a ningún responsable de los ataques al MASJC, a pesar de estar claramente identificados los responsables. Sin embargo, tal es el grado de compromiso del Estado Mexicano con los paramilitares que es previsible que en noviembre quedará libre Rufino Juárez ante una investigación ineficaz y un proceso amañado que tiene por fin brindar un escudo jurídico a este único detenido. Esta omisión por parte del Estado Mexicano incita que sicarios del MULT-UBISORT sigan cometiendo con plena impunidad crímenes en contra de miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala, como el ocurrido el pasado 05 de agosto de este año, en donde fueron asesinados Francisco Ramírez Merino de 35 años, José Luis Ramírez Hernández de 39 y Álvaro Jacinto Cruz de 18 años integrantes de la comunidad autónoma de Agua Fría Copala, Oaxaca.
En esa ocasión también se dio a conocer a la Comisión Interamericana, las acciones en contra de los beneficiarios llevadas a cabo por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, quien ordenó una represión el 07 de agosto, en contra de mujeres y niños del plantón de la Ciudad de Oaxaca, donde resultaron lesionadas una niña de 3 años, una anciana y una joven triqui.
En ella se expresó por Reyna Martínez Flores y Marcos Albino, a nombre de los 135 beneficiarios, la situación que vive la comunidad triqui autónoma ante la incapacidad del gobierno mexicano para la protección y seguridad que el Estado está obligado a proporcionar y que había sido solicitada expresamente por la CIDH desde el 7 de octubre del 2010.
El Estado mexicano contestó por su parte que para la implementación de las medidas cautelares MC 197-10 de la CIDH se han realizado 17 reuniones de trabajo con los representantes de los beneficiarios, olvidándose de comentar que todos los acuerdos tomados en estas reuniones han sido incumplidos por el Estado mexicano.
El Estado mexicano también se pronunció en contra de la ampliación de medidas cautelares que la CIDH está considerando a raíz de la petición realizada en mayo de este mismo año, aduciendo que ¿Cómo es posible que la CIDH otorgue una ampliación de medidas cautelares al Municipio Autónomo de San Juan Copala, cuando ni siquiera sabemos el paradero o la localización de los 135 de las primeras medidas cautelares? Reconociendo con esto, de manera explícita que si el estado mexicano no siquiera tiene localizados a los 135 beneficiarios de las medidas cautelares, luego entonces, NO HA REALIZADO NINGUNA ACCION PARA PROTEGER SU SEGUIRIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA.
El Estado mexicano reconoció que había otorgado el número telefónico el 060 para casos de emergencia, por si se presentaba algún ataque paramilitar, lo que demostró la poca comprensión de la magnitud del problema.
El Estado mexicano, y en este caso específicamente el gobierno de Oaxaca llamó “mentirosos” a los representantes del Municipio Autónomo cuando estos afirmaron que el desalojo del plantón del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, se había dado luego de las amenazas de que sí no “negociaban” el retiro “voluntario” de dicho lugar, el gobierno usaría la fuerza policiaca para desalojar a las mujeres y niños triquis que ahí habitan, basándose en una minuta firmada. El Gobierno de Oaxaca no considera mentira y burla el usar ese argumento en el cual ellos se establece que el campamento podría reinstalarse el 17 de septiembre y que fue impedido por policía estatal. Acusó a Jordán González, un beneficiario herido por los paramilitares en una emboscada en la que murió su esposa embarazada, de estarse “escondiendo” y que por eso no se le ha brindado atención médica.
Ante la errática y poco asertiva intervención por parte del Estado mexicano el Comisionado Rodrigo Escobar Gil de la CIDH declaró sobre la supuesta “falta de identificación de los beneficiarios” aducida por el gobierno mexicano:
“La Comisión con base en los documentos y en las peticiones que se han presentado tiene la identificación de los beneficiarios (…) en realidad los beneficiarios están plenamente identificados (…) Es indudable que existe un conflicto y es un conflicto muy grave y es el deber del estado es adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas beneficiadas con estas medidas cautelares”.
Y finalmente dispuso el Comisionado Escobar:
En ese orden de ideas, y ya a amanera de conclusión, y con el propósito de evaluar el cumplimiento y la implementación de las medidas cautelares por parte del Estado yo le voy a solicitar a los representantes del Estado que en un término de 10 días se sirvan informar a la Comisión las medidas que se han adoptado para asegurar la vida y la integridad de los beneficiarios de estas medidas y de los miembros de la comunidad de San Juan Copala. Especialmente, también es importante conocer si existe un sistema de alertas para que el Estado y los organismos de seguridad reaccionen ante cualquier posibilidad o ante cualquier denuncia de riesgo existente en contra de los beneficiarios de las medidas.
También para que se informe a la comisión sobre las medidas que se han adoptado para garantizar el retorno de los desplazados a sus hogares y a su territorio ancestral; también que se informe las medidas de ayuda humanitaria que se hayan adoptado o implementado en relación con la población desplazada, y especialmente las medidas de carácter social en el campo de la alimentación, de la vivienda, de la salud, para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población que ha sido victimas de estos actos de violencia.
Solicitaría que, como existe ya una solicitud formal de ampliación medidas cautelares, le pediríamos al Estado que se nos informe sobre esos puntos”.
Con estas palabras el Comisionado Rodrigo Escobar Gil dio terminada la reunión de trabajo.
A Continuación se presenta la propuesta de solución alternativa del conflicto de San Juan Copala que presenta el Municipio Autónomo a la sociedad y como parte de la misma se anexa la exigencia del reconocimiento a la libre determinación de las comunidades indígenas del Municipio Autónomo de San Juan Copala que se entregó el día de hoy al Presidente de la República, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia del Congreso del Estado de Oaxaca y gobernador de Oaxaca.
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10 puntos para la solución alternativa al conflicto de San Juan Copala
El Estado mexicano no ha buscado atender las causas estructurales del conflicto suscitado en torno al Municipio Autónomo de San Juan Copala. No ha entendido la propuesta de autonomía como una respuesta indígena a su incapacidad por atender el rezago, la inseguridad y la injusticia contra los indígenas. Tampoco ha tenido la capacidad ni la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra la nación triqui.
El Estado tampoco ha podido atender la crisis humanitaria causada por el sitio, asalto y desplazamiento forzado contra poblaciones enteras.
Esta ruta no ha traído ninguna solución al conflicto. Insistir en ella lo único que va a traer en el futuro próximo es un conflicto de proporciones aún impredecibles.
Y sin embargo el problema tiene una solución que pasa por atender algunos elementos básicos:
1.- El Estado debe entender y atender las causas estructurales que dieron origen al problema y por tanto debe reconocer que el pueblo triqui, una porción de este, o cualquier pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a escoger libremente las formas de organización que determinen en el marco del Estado nacional. Por lo tanto el Estado lejos de combatir o ignorar al Municipio Autónomo de San Juan Copala le debe brindar toda la asistencia para que pueda lograr su propósito en el marco de los mecanismos legales existentes en México y en el ámbito internacional.
2.- Se debe garantizar el acceso de la población a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. El Estado no puede abdicar de sus funciones innatas de brindar protección y seguridad a los habitantes, en cualquier parte del territorio nacional. Se debe proceder de inmediato a la detención de los causantes de las muertes de las dos locutoras de la radio "La Voz que Rompe el Silencio", y de los asesinatos y emboscadas del 1ª de noviembre del 2009, 10 de enero, 16 de abril, 27 de abril, 20 de mayo, 23 de agosto, 11 al 19 de septiembre, 16 de octubre, 29 de diciembre del 2010, entre otros. Con la detención de estas personas se estaría deteniendo a los autores materiales de cientos de asesinatos en la región, producidos a lo largo de numerosas emboscadas en las últimas décadas. Los asesinos, secuestradores y violadores deben ser sometidos a juicio y encarcelado, no importando su filiación política,, ni su nivel de interlocución con el actual gobierno, mientras subsista la impunidad nunca se resolverá el problema. Esto implica también detener y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos, Anastacio Juárez, Maximiliano Bautista Martínez y Julián Martínez Ramírez. No se trata solo de detener a los que dispararon, sino también de los que dieron las órdenes, el dinero y la cobertura.
3.- Retorno inmediato de todos los desplazados de San Juan Copala a sus hogares, reparación de los daños causados por el cerco y la toma paramilitar del poblado. Reparación del daño económico causado por la pérdida de vidas humanas a las viudas y a los huérfanos. Reparación del daño económico causado por heridas, secuestros y violaciones. Atención a las carencias sociales, económicas, culturales y psicológicas causadas por el cerco y la toma paramilitar de San Juan Copala.
4.- Reestructuración administrativa y territorial en San Juan Copala, reconocimiento de la nueva poligonal política de las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala.
5.- Acciones afirmativas para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de esas localidades. Se debe reconocer el derecho de las comunidades triquis a establecer su propia policía comunitaria y la obligación del Estado en la garantía de seguridad para todos los habitantes, garantía que no puede estar fundada en la ocupación militar o policiaca de los poblados, sino en la captura, desarme y encarcelamiento de las bandas paramilitares, independientemente de su filiación política. Debido a la tradicional complicidad de la policía estatal y regional con las bandas paramilitares, las fuerzas que asuman el control deberán actuar conjuntamente, bajo un mando federal y deberán contar con la vigilancia de una comisión de verificación constituida por personal operativo de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
6.- Reconocimiento por parte de los actores sociales de que la solución del problema no significa la aniquilación de una u otra organización. Los indígenas triquis tienen derecho a pertenecer a la organización que quieran. El respeto a los espacios y la dignidad de las personas será un elemento básico para mantener la paz que se logre en la región. Detenidos y castigados los elementos que han causado muertes y acciones violentas contra la población triqui, MULT y Ubisort tendrán una importante oportunidad de reconstituirse como organizaciones sociales.
7.- Acabar con el aislamiento de la zona triqui. Un elemento determinante para que la impunidad y el paramilitarismo hayan prevalecido durante tantas décadas en territorio triqui, es el aislamiento intencional al que han sido sometidos. En toda la región triqui perteneciente a las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala no hay un sólo teléfono celular que funcione. Los teléfonos fijos establecidos en algunas otras localidades son imposibles de usar debido a la violencia contra los integrantes del Municipio Autónomo. El Estado mexicano debe de inmediato a) Dotar preventivamente de teléfonos satelitales a las autoridades de las comunidades autónomas triquis en el área de conflicto. b) Restituir y ampliar el servicio de telefonía rural en San Juan Copala, una vez realizado el retorno de los desplazados, y en las demás comunidades del Municipio Autónomo. c) Establecer el servicio de telefonía celular normal en toda la región. d) establecer el servicio de Internet en todas las comunidades del Municipio Autónomo. e) Restituir y garantizar la seguridad para la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. f) dar garantías de seguridad al libre tránsito de vehículos, bienes y personas, mediante el mecanismo planteado en el punto seis. g) Restaurar y proteger la carretera que va de Putla a Juxtlahuaca y que cruza toda la región Triqui Baja. Esta carretera debe ser un punto de certeza de seguridad para los habitantes de la región y no el escenario de las emboscadas de las bandas paramilitares.
8.- Suspender cualquier concesión o permiso de explotación o exploración de recursos minerales que se haya dado en el territorio de las comunidades triquis organizadas en Municipio Autónomo. Cancelar los permisos de explotación de los recursos forestales y de todo tipo de recursos naturales por personas o empresas ajenas a las comunidades autónomas.
9.- El Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Plural para el Tema de San Juan Copala debe brindar todos los recursos necesarios con el objeto de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala pueda contar con la asesoría legal y multidisciplinaria del más alto nivel a fin de que pueda integrar su demanda de autonómica del pueblo triqui. El Congreso del estado de Oaxaca deberá responder a esta demanda con toda prontitud, diligencia y en estricto apego a las leyes.
10.- Debe establecerse un procedimiento de verificación del cumplimiento de las propuestas aquí vertidas, conformado por organismos de derechos humanos a nivel internacional.
La paz sólo es posible como resultado de la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Esto es el elemento que debemos considerar si queremos avanzar en la dirección de la solución del dramático conflicto de San Juan Copala.
El Estado mexicano no puede seguir pretendiendo ignorar que en San Juan Copala tenemos la expresión más nítida de un genocidio contra un pueblo indígena y la cantidad proporcionalmente mayor de asesinatos frente a un movimiento social.
Por acuerdo de la Reunión de Autoridades de las Comunidades del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Consejo Comunitario Autónomo.
Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Zona triqui baja.
Primero de Septiembre del 2011.
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Finalmente queremos hacer de su conocimiento que el Municipio Autónomo de San Juan Copala ha exigido al Estado Mexicano y específicamente al Congreso del Estado de Oaxaca, Poder Ejecutivo de Oaxaca, Poder Ejecutivo Federal, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados Federal el reconocimiento a su autonomía. Adjuntamos, en este correo, el documento dirigido a:
Diputada Eufrosina Cruz Mendoza.
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Oaxaca.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Señor Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Cámara de Senadores
El cual ya ha sido entregado a sus destinatarios como consta en el archivo anexo.
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Por su parte el COMITÉ POR LA DEFENSA Y JUSTICIA PARA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA expresó:
Al necesario desarme de la zona y la desparamilitarización, se responde con el absurdo de que operan 3 organizaciones que se disputan la hegemonía, que son responsables de que en el curso de 30 años aparezcan armas y que para garantizar el regreso, es necesario un acuerdo político entre esas organizaciones y las autoridades del gobierno del estado. Esto es, las víctimas se sientan a la mesa con quienes los han asesinado –y con quienes han permitido y alentado el terror- para establecer sus condiciones para que regresen las y los desplazados.
Al informe de las autoridades de Oaxaca se les olvidó mencionar que la pasada administración de Ulises Ruiz, permitió y financió como ningún otro gobierno, las actividades del MULT y su partido de Unidad Popular (PUP) y de su propio partido, el PRI a través de la UBISORT. Que Gabino Cué, con todo y su factura “democrática”, hizo fe de pertenencia al MULT (ver notas periodísticas del 10 y 11 de abril del presente año), además de destinar varios millones de pesos a diversas organizaciones (50 millones al MULT), según la nota del 19 de junio del diario Milenio.
Esto y otras situaciones más, como las amenazas de represión al plantón de las y los desplazados en el portal del zócalo de Oaxaca (mismo al que finalmente no se le permitió reestablecerse luego de que se le obligó a retirarse “pacíficamente” por 2 días), evidencian una perversa alianza del gobierno “democrático” de Gabino Cué con las organizaciones paramilitares empecinadas en destruir las legítimas aspiraciones de autonomía de la nación triqui.
Septiembre, 2011
Ante la situación de gravedad y urgencia de los desplazados de San Juan Copala y la negativa del Estado mexicano en cumplir las medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 7 de octubre del 2010, el pasado 27 de septiembre del 2011 tuvo lugar en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México la reunión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, presidida por el comisionado Rodrigo Escobar Gil, en seguimiento a las medidas cautelares 197/10 otorgadas a favor de 135 habitantes desplazados del pueblo indígena de San Juan Copala.
La audiencia tuvo lugar luego de que el pasado 19 de Agosto del presente año el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Humanos Yaxkin y Sakbe, Comunicacion y Defensa Para el Cambio, A. C., solicitaron a la Comisión una Audiencia Pública con la presencia del Relator para México Rodrigo Escobar, así como con la presencia del Estado mexicano con la finalidad de presentar la situación de violencia generalizada en contra de la comunidad indígena de San Juan Copala y las localidades autónomas triqui. A finales del mes de agosto la CIDH dio respuesta favorable a nuestra petición llevándose a cabo el día 27 de septiembre de 2011 la reunión mencionada.
La solicitud se hizo en razón de la incapacidad demostrada por el Estado Mexicano de otorgar seguridad y respeto a la comunidad autónoma. A casi un año de emitidas las medidas cautelares MC197-10, el Estado Mexicano ha capturado únicamente a Rufino Juárez, jefe paramilitar de UBISORT, uno de los responsable de la emboscada del 27 de abril en la Sabana. Fuera de esto, no han sancionado a ningún responsable de los ataques al MASJC, a pesar de estar claramente identificados los responsables. Sin embargo, tal es el grado de compromiso del Estado Mexicano con los paramilitares que es previsible que en noviembre quedará libre Rufino Juárez ante una investigación ineficaz y un proceso amañado que tiene por fin brindar un escudo jurídico a este único detenido. Esta omisión por parte del Estado Mexicano incita que sicarios del MULT-UBISORT sigan cometiendo con plena impunidad crímenes en contra de miembros del Municipio Autónomo de San Juan Copala, como el ocurrido el pasado 05 de agosto de este año, en donde fueron asesinados Francisco Ramírez Merino de 35 años, José Luis Ramírez Hernández de 39 y Álvaro Jacinto Cruz de 18 años integrantes de la comunidad autónoma de Agua Fría Copala, Oaxaca.
En esa ocasión también se dio a conocer a la Comisión Interamericana, las acciones en contra de los beneficiarios llevadas a cabo por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, quien ordenó una represión el 07 de agosto, en contra de mujeres y niños del plantón de la Ciudad de Oaxaca, donde resultaron lesionadas una niña de 3 años, una anciana y una joven triqui.
En ella se expresó por Reyna Martínez Flores y Marcos Albino, a nombre de los 135 beneficiarios, la situación que vive la comunidad triqui autónoma ante la incapacidad del gobierno mexicano para la protección y seguridad que el Estado está obligado a proporcionar y que había sido solicitada expresamente por la CIDH desde el 7 de octubre del 2010.
El Estado mexicano contestó por su parte que para la implementación de las medidas cautelares MC 197-10 de la CIDH se han realizado 17 reuniones de trabajo con los representantes de los beneficiarios, olvidándose de comentar que todos los acuerdos tomados en estas reuniones han sido incumplidos por el Estado mexicano.
El Estado mexicano también se pronunció en contra de la ampliación de medidas cautelares que la CIDH está considerando a raíz de la petición realizada en mayo de este mismo año, aduciendo que ¿Cómo es posible que la CIDH otorgue una ampliación de medidas cautelares al Municipio Autónomo de San Juan Copala, cuando ni siquiera sabemos el paradero o la localización de los 135 de las primeras medidas cautelares? Reconociendo con esto, de manera explícita que si el estado mexicano no siquiera tiene localizados a los 135 beneficiarios de las medidas cautelares, luego entonces, NO HA REALIZADO NINGUNA ACCION PARA PROTEGER SU SEGUIRIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA.
El Estado mexicano reconoció que había otorgado el número telefónico el 060 para casos de emergencia, por si se presentaba algún ataque paramilitar, lo que demostró la poca comprensión de la magnitud del problema.
El Estado mexicano, y en este caso específicamente el gobierno de Oaxaca llamó “mentirosos” a los representantes del Municipio Autónomo cuando estos afirmaron que el desalojo del plantón del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, se había dado luego de las amenazas de que sí no “negociaban” el retiro “voluntario” de dicho lugar, el gobierno usaría la fuerza policiaca para desalojar a las mujeres y niños triquis que ahí habitan, basándose en una minuta firmada. El Gobierno de Oaxaca no considera mentira y burla el usar ese argumento en el cual ellos se establece que el campamento podría reinstalarse el 17 de septiembre y que fue impedido por policía estatal. Acusó a Jordán González, un beneficiario herido por los paramilitares en una emboscada en la que murió su esposa embarazada, de estarse “escondiendo” y que por eso no se le ha brindado atención médica.
Ante la errática y poco asertiva intervención por parte del Estado mexicano el Comisionado Rodrigo Escobar Gil de la CIDH declaró sobre la supuesta “falta de identificación de los beneficiarios” aducida por el gobierno mexicano:
“La Comisión con base en los documentos y en las peticiones que se han presentado tiene la identificación de los beneficiarios (…) en realidad los beneficiarios están plenamente identificados (…) Es indudable que existe un conflicto y es un conflicto muy grave y es el deber del estado es adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas beneficiadas con estas medidas cautelares”.
Y finalmente dispuso el Comisionado Escobar:
En ese orden de ideas, y ya a amanera de conclusión, y con el propósito de evaluar el cumplimiento y la implementación de las medidas cautelares por parte del Estado yo le voy a solicitar a los representantes del Estado que en un término de 10 días se sirvan informar a la Comisión las medidas que se han adoptado para asegurar la vida y la integridad de los beneficiarios de estas medidas y de los miembros de la comunidad de San Juan Copala. Especialmente, también es importante conocer si existe un sistema de alertas para que el Estado y los organismos de seguridad reaccionen ante cualquier posibilidad o ante cualquier denuncia de riesgo existente en contra de los beneficiarios de las medidas.
También para que se informe a la comisión sobre las medidas que se han adoptado para garantizar el retorno de los desplazados a sus hogares y a su territorio ancestral; también que se informe las medidas de ayuda humanitaria que se hayan adoptado o implementado en relación con la población desplazada, y especialmente las medidas de carácter social en el campo de la alimentación, de la vivienda, de la salud, para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población que ha sido victimas de estos actos de violencia.
Solicitaría que, como existe ya una solicitud formal de ampliación medidas cautelares, le pediríamos al Estado que se nos informe sobre esos puntos”.
Con estas palabras el Comisionado Rodrigo Escobar Gil dio terminada la reunión de trabajo.
A Continuación se presenta la propuesta de solución alternativa del conflicto de San Juan Copala que presenta el Municipio Autónomo a la sociedad y como parte de la misma se anexa la exigencia del reconocimiento a la libre determinación de las comunidades indígenas del Municipio Autónomo de San Juan Copala que se entregó el día de hoy al Presidente de la República, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidencia de la Cámara de Senadores, Presidencia del Congreso del Estado de Oaxaca y gobernador de Oaxaca.
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10 puntos para la solución alternativa al conflicto de San Juan Copala
El Estado mexicano no ha buscado atender las causas estructurales del conflicto suscitado en torno al Municipio Autónomo de San Juan Copala. No ha entendido la propuesta de autonomía como una respuesta indígena a su incapacidad por atender el rezago, la inseguridad y la injusticia contra los indígenas. Tampoco ha tenido la capacidad ni la intención de contener la violencia paramilitar que se comete contra la nación triqui.
El Estado tampoco ha podido atender la crisis humanitaria causada por el sitio, asalto y desplazamiento forzado contra poblaciones enteras.
Esta ruta no ha traído ninguna solución al conflicto. Insistir en ella lo único que va a traer en el futuro próximo es un conflicto de proporciones aún impredecibles.
Y sin embargo el problema tiene una solución que pasa por atender algunos elementos básicos:
1.- El Estado debe entender y atender las causas estructurales que dieron origen al problema y por tanto debe reconocer que el pueblo triqui, una porción de este, o cualquier pueblo o comunidad indígena, tiene derecho a escoger libremente las formas de organización que determinen en el marco del Estado nacional. Por lo tanto el Estado lejos de combatir o ignorar al Municipio Autónomo de San Juan Copala le debe brindar toda la asistencia para que pueda lograr su propósito en el marco de los mecanismos legales existentes en México y en el ámbito internacional.
2.- Se debe garantizar el acceso de la población a la jurisdicción del Estado en materia de justicia. El Estado no puede abdicar de sus funciones innatas de brindar protección y seguridad a los habitantes, en cualquier parte del territorio nacional. Se debe proceder de inmediato a la detención de los causantes de las muertes de las dos locutoras de la radio "La Voz que Rompe el Silencio", y de los asesinatos y emboscadas del 1ª de noviembre del 2009, 10 de enero, 16 de abril, 27 de abril, 20 de mayo, 23 de agosto, 11 al 19 de septiembre, 16 de octubre, 29 de diciembre del 2010, entre otros. Con la detención de estas personas se estaría deteniendo a los autores materiales de cientos de asesinatos en la región, producidos a lo largo de numerosas emboscadas en las últimas décadas. Los asesinos, secuestradores y violadores deben ser sometidos a juicio y encarcelado, no importando su filiación política,, ni su nivel de interlocución con el actual gobierno, mientras subsista la impunidad nunca se resolverá el problema. Esto implica también detener y encarcelar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de Heriberto Pazos, Anastacio Juárez, Maximiliano Bautista Martínez y Julián Martínez Ramírez. No se trata solo de detener a los que dispararon, sino también de los que dieron las órdenes, el dinero y la cobertura.
3.- Retorno inmediato de todos los desplazados de San Juan Copala a sus hogares, reparación de los daños causados por el cerco y la toma paramilitar del poblado. Reparación del daño económico causado por la pérdida de vidas humanas a las viudas y a los huérfanos. Reparación del daño económico causado por heridas, secuestros y violaciones. Atención a las carencias sociales, económicas, culturales y psicológicas causadas por el cerco y la toma paramilitar de San Juan Copala.
4.- Reestructuración administrativa y territorial en San Juan Copala, reconocimiento de la nueva poligonal política de las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala.
5.- Acciones afirmativas para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de esas localidades. Se debe reconocer el derecho de las comunidades triquis a establecer su propia policía comunitaria y la obligación del Estado en la garantía de seguridad para todos los habitantes, garantía que no puede estar fundada en la ocupación militar o policiaca de los poblados, sino en la captura, desarme y encarcelamiento de las bandas paramilitares, independientemente de su filiación política. Debido a la tradicional complicidad de la policía estatal y regional con las bandas paramilitares, las fuerzas que asuman el control deberán actuar conjuntamente, bajo un mando federal y deberán contar con la vigilancia de una comisión de verificación constituida por personal operativo de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
6.- Reconocimiento por parte de los actores sociales de que la solución del problema no significa la aniquilación de una u otra organización. Los indígenas triquis tienen derecho a pertenecer a la organización que quieran. El respeto a los espacios y la dignidad de las personas será un elemento básico para mantener la paz que se logre en la región. Detenidos y castigados los elementos que han causado muertes y acciones violentas contra la población triqui, MULT y Ubisort tendrán una importante oportunidad de reconstituirse como organizaciones sociales.
7.- Acabar con el aislamiento de la zona triqui. Un elemento determinante para que la impunidad y el paramilitarismo hayan prevalecido durante tantas décadas en territorio triqui, es el aislamiento intencional al que han sido sometidos. En toda la región triqui perteneciente a las comunidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala no hay un sólo teléfono celular que funcione. Los teléfonos fijos establecidos en algunas otras localidades son imposibles de usar debido a la violencia contra los integrantes del Municipio Autónomo. El Estado mexicano debe de inmediato a) Dotar preventivamente de teléfonos satelitales a las autoridades de las comunidades autónomas triquis en el área de conflicto. b) Restituir y ampliar el servicio de telefonía rural en San Juan Copala, una vez realizado el retorno de los desplazados, y en las demás comunidades del Municipio Autónomo. c) Establecer el servicio de telefonía celular normal en toda la región. d) establecer el servicio de Internet en todas las comunidades del Municipio Autónomo. e) Restituir y garantizar la seguridad para la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”. f) dar garantías de seguridad al libre tránsito de vehículos, bienes y personas, mediante el mecanismo planteado en el punto seis. g) Restaurar y proteger la carretera que va de Putla a Juxtlahuaca y que cruza toda la región Triqui Baja. Esta carretera debe ser un punto de certeza de seguridad para los habitantes de la región y no el escenario de las emboscadas de las bandas paramilitares.
8.- Suspender cualquier concesión o permiso de explotación o exploración de recursos minerales que se haya dado en el territorio de las comunidades triquis organizadas en Municipio Autónomo. Cancelar los permisos de explotación de los recursos forestales y de todo tipo de recursos naturales por personas o empresas ajenas a las comunidades autónomas.
9.- El Congreso de la Unión, por medio de la Comisión Plural para el Tema de San Juan Copala debe brindar todos los recursos necesarios con el objeto de que el Municipio Autónomo de San Juan Copala pueda contar con la asesoría legal y multidisciplinaria del más alto nivel a fin de que pueda integrar su demanda de autonómica del pueblo triqui. El Congreso del estado de Oaxaca deberá responder a esta demanda con toda prontitud, diligencia y en estricto apego a las leyes.
10.- Debe establecerse un procedimiento de verificación del cumplimiento de las propuestas aquí vertidas, conformado por organismos de derechos humanos a nivel internacional.
La paz sólo es posible como resultado de la justicia y el respeto a la dignidad de las personas. Esto es el elemento que debemos considerar si queremos avanzar en la dirección de la solución del dramático conflicto de San Juan Copala.
El Estado mexicano no puede seguir pretendiendo ignorar que en San Juan Copala tenemos la expresión más nítida de un genocidio contra un pueblo indígena y la cantidad proporcionalmente mayor de asesinatos frente a un movimiento social.
Por acuerdo de la Reunión de Autoridades de las Comunidades del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Consejo Comunitario Autónomo.
Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Zona triqui baja.
Primero de Septiembre del 2011.
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Finalmente queremos hacer de su conocimiento que el Municipio Autónomo de San Juan Copala ha exigido al Estado Mexicano y específicamente al Congreso del Estado de Oaxaca, Poder Ejecutivo de Oaxaca, Poder Ejecutivo Federal, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados Federal el reconocimiento a su autonomía. Adjuntamos, en este correo, el documento dirigido a:
Diputada Eufrosina Cruz Mendoza.
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Oaxaca.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Señor Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Cámara de Senadores
El cual ya ha sido entregado a sus destinatarios como consta en el archivo anexo.
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Por su parte el COMITÉ POR LA DEFENSA Y JUSTICIA PARA EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA expresó:
Al necesario desarme de la zona y la desparamilitarización, se responde con el absurdo de que operan 3 organizaciones que se disputan la hegemonía, que son responsables de que en el curso de 30 años aparezcan armas y que para garantizar el regreso, es necesario un acuerdo político entre esas organizaciones y las autoridades del gobierno del estado. Esto es, las víctimas se sientan a la mesa con quienes los han asesinado –y con quienes han permitido y alentado el terror- para establecer sus condiciones para que regresen las y los desplazados.
Al informe de las autoridades de Oaxaca se les olvidó mencionar que la pasada administración de Ulises Ruiz, permitió y financió como ningún otro gobierno, las actividades del MULT y su partido de Unidad Popular (PUP) y de su propio partido, el PRI a través de la UBISORT. Que Gabino Cué, con todo y su factura “democrática”, hizo fe de pertenencia al MULT (ver notas periodísticas del 10 y 11 de abril del presente año), además de destinar varios millones de pesos a diversas organizaciones (50 millones al MULT), según la nota del 19 de junio del diario Milenio.
Esto y otras situaciones más, como las amenazas de represión al plantón de las y los desplazados en el portal del zócalo de Oaxaca (mismo al que finalmente no se le permitió reestablecerse luego de que se le obligó a retirarse “pacíficamente” por 2 días), evidencian una perversa alianza del gobierno “democrático” de Gabino Cué con las organizaciones paramilitares empecinadas en destruir las legítimas aspiraciones de autonomía de la nación triqui.
Septiembre, 2011
jueves 29 de septiembre de 2011
Exigimos el reconocimiento del Municipio Autónomo de San Juan Copala
Asunto: Se solicita el reconocimiento a la libre determinación de las comunidades del pueblo triqui organizadas en Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Diputada Eufrosina Cruz Mendoza.
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Oaxaca.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Señor Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Presentes:
Considerando:
1. Que el pueblo triqui ha sido sometido históricamente: primero por los conquistadores españoles y después por la clase política que asumió el poder cuando México se convirtió en un país independiente.
2. Que este sometimiento en la actualidad continúa y se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:
a. En el despojo de más de la mitad de nuestro territorio, que hoy se encuentra como propiedad privada en manos de mestizos adinerados, muchos de ellos descendientes de los conquistadores españoles.
b. La destrucción del gobierno triqui, consumado por la desaparición del municipio constitucional de San Juan Copala, por decreto de la Cuarenta Legislatura del Estado en diciembre de 1948, con lo cual se arrebató a nuestro pueblo su propio gobierno, que se había ganado desde el año de 1826, con su activa participación en las guerras de independencia, bajo las órdenes del generalísimo José María Morelos y Pavón.
c. La división del pueblo triqui y el reparto de sus comunidades entre los municipios mestizos de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, en donde sus habitantes hemos sido discriminados, excluidos y explotados.
3. Que en la actualidad el intento por someter al pueblo triqui se ha acentuado, impulsado desde el gobierno o por organizaciones afines a él, lo cual ha dado como resultado que en la región predomine:
a. La violencia generada por la impunidad con que actúan las bandas delictivas y la falta de justicia, porque entre los ministerios públicos y jueces predomina la corrupción y la complicidad.
b. El hambre, por la ausencia de un programa alimentario que asegure la alimentación de los habitantes de las comunidades.
c. Proliferación de enfermedades, por carecer de programas que las prevengan o atiendan las existentes.
d. Analfabetismo, por carecer de un sistema de educación que responda a las necesidades del pueblo y valorice la cultura triqui.
4. Que para superar el sometimiento político, económico, cultural y social al que han condenado al pueblo triqui el Estado y sus políticos, es necesario que éste se constituya como sujeto político, con personalidad jurídica y capacidad para auto representarse, auto gobernarse y tomar libremente las decisiones sobre su futuro.
5. Que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en un régimen de autonomía, mismo que les da derecho a:
• Establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural.
• Gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
• Salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente.
• Proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.
• Que se respete la integridad de sus valores, prácticas e instituciones.
• Decidir las prioridades para su desarrollo.
6. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2º reconoce y protege los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Establece además que “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, y entiende por “pueblos indígenas” a “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Considerando también que esta disposición fue tomada del artículo 1°, inciso b).- del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales; convenio firmado y ratificado por México desde 1990, por lo que, desde ésa fecha, su cumplimiento es obligatorio (como lo ordena el artículo 133 de nuestra Constitución), por lo que constitucionalmente se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia para:
• Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
• Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
• Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.
• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
• Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras;
• Acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades.
7. Considerando que dichas disposiciones se contemplan también en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Educación del Estado de Oaxaca, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca, entre otras, en las que se señala que:
• El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales.
• Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.
• La autonomía de los pueblos y comunidades se ejercerá a nivel del municipio, de las agencias municipales, agencias de policía o de las asociaciones integradas por varios municipios entre sí, comunidades entre sí o comunidades y municipios.
Por todo lo anterior, las comunidades y barrios de la región triqui baja: San Juan Copala (actualmente en situación de desplazamiento forzoso debido a la agresión paramilitar que hemos sufrido durante ya 4 años), Agua Fría Copala, Yosoyuxi Copala, Santa Cruz Tilapa y Paraje Pérez, EXIGIMOS al Estado Mexicano y específicamente al Congreso del Estado de Oaxaca, Poder Ejecutivo de Oaxaca, Poder Ejecutivo Federal, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados Federal:
PRIMERO. El reconocimiento inmediato e incondicional al derecho que tenemos los pueblos indígenas a la libre determinación.
SEGUNDO. El reconocimiento inmediato e incondicional (en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, de la constitución federal, y de todas las leyes en la materia) del derecho que tenemos a la autonomía y la libre determinación las comunidades triquis antes mencionadas, las cuales, a partir del día primero de enero del año 2007, nos hemos constituido en Municipio Autónomo de San Juan Copala, con el objeto de romper con la subordinación a las organizaciones que, ligadas, subsidiadas y protegidas por el gobierno, han traído a la región la muerte, la destrucción, la extorsión, el cerco y desplazamiento de comunidades triquis enteras, el despojo de bienes, la violación a mujeres, el asesinato de niños y la desaparición forzada de personas.
TERCERO. Exigimos el reconocimiento inmediato e incondicional de las autoridades de las comunidades y barrios que integran el Municipio Autónomo de San Juan Copala, las cuales han sido elegidas libremente y les ha dado posesión el Consejo de Ancianos desde la fundación del Municipio Autónomo y las cuales en conjunto constituyen el Consejo Autónomo Comunitario.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, se desconoce la injerencia o representatividad de cualquier otra autoridad que no sea electa de manera legítima por las comunidades y barrios. Específicamente se desconoce la autoridad de la llamada “Agencia Municipal de San Juan Copala” impuesta por los asesinos pertenecientes a las organizaciones paramilitares que durante 4 años han intentado, infructuosamente, aniquilar al Municipio Autónomo de San Juan Copala.
QUINTO. Las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala sujetan sus actos, desde la fundación de este municipio, a los sistemas normativos del pueblo triqui, y en lo que estos sistemas normativos no prevean forma de conducirse, a las leyes del Estado mexicano, respetando siempre la voluntad de sus ciudadanos, el respeto de la cultura triqui y todas las disposiciones y convenciones sobre los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de los niños, derecho a la cultura propia y derecho al libre desarrollo en un marco de respeto a la naturaleza y de conservación de nuestros bienes tangibles e intangibles para el uso y disfrute de las siguientes generaciones.
SEXTO. Las autoridades de las localidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala y específicamente el Consejo Comunitario Autónomo representan a las comunidades y barrios hacia el exterior del municipio. Una vez que las autoridades a las que específicamente nos hemos dirigido den respuesta a este escrito, nuestras autoridades estarán en la disposición absoluta de iniciar con el Estado mexicano los procesos de diálogo y concertación para el diseño y aplicación concreta de los mecanismos que lleven al pronto cumplimiento del ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía como pueblos indígenas.
Esperamos su respuesta por escrito y ponemos como domicilio para recibir cualquier notificación en el CAMPAMENTO DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA, Arcos Poniente del Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, Colonia Centro C. P. 68000, Oaxaca, Oaxaca y en el CAMPAMENTO DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA en el Zócalo de la Ciudad de México, costado Poniente de la Catedral Metropolitana, Calle Monte de Piedad Sin Número, Col. Centro, C. P. 06000. México, D. F.
Dado en el territorio del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Zona Triqui Baja, Oaxaca, el día 23 de septiembre del 2011.
Por el Municipio Autónomo de San Juan Copala
Diputada Eufrosina Cruz Mendoza.
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Oaxaca.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Señor Gabino Cué Monteagudo
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Presentes:
Considerando:
1. Que el pueblo triqui ha sido sometido históricamente: primero por los conquistadores españoles y después por la clase política que asumió el poder cuando México se convirtió en un país independiente.
2. Que este sometimiento en la actualidad continúa y se manifiesta de muchas maneras, entre ellas:
a. En el despojo de más de la mitad de nuestro territorio, que hoy se encuentra como propiedad privada en manos de mestizos adinerados, muchos de ellos descendientes de los conquistadores españoles.
b. La destrucción del gobierno triqui, consumado por la desaparición del municipio constitucional de San Juan Copala, por decreto de la Cuarenta Legislatura del Estado en diciembre de 1948, con lo cual se arrebató a nuestro pueblo su propio gobierno, que se había ganado desde el año de 1826, con su activa participación en las guerras de independencia, bajo las órdenes del generalísimo José María Morelos y Pavón.
c. La división del pueblo triqui y el reparto de sus comunidades entre los municipios mestizos de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, en donde sus habitantes hemos sido discriminados, excluidos y explotados.
3. Que en la actualidad el intento por someter al pueblo triqui se ha acentuado, impulsado desde el gobierno o por organizaciones afines a él, lo cual ha dado como resultado que en la región predomine:
a. La violencia generada por la impunidad con que actúan las bandas delictivas y la falta de justicia, porque entre los ministerios públicos y jueces predomina la corrupción y la complicidad.
b. El hambre, por la ausencia de un programa alimentario que asegure la alimentación de los habitantes de las comunidades.
c. Proliferación de enfermedades, por carecer de programas que las prevengan o atiendan las existentes.
d. Analfabetismo, por carecer de un sistema de educación que responda a las necesidades del pueblo y valorice la cultura triqui.
4. Que para superar el sometimiento político, económico, cultural y social al que han condenado al pueblo triqui el Estado y sus políticos, es necesario que éste se constituya como sujeto político, con personalidad jurídica y capacidad para auto representarse, auto gobernarse y tomar libremente las decisiones sobre su futuro.
5. Que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en un régimen de autonomía, mismo que les da derecho a:
• Establecer libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural.
• Gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.
• Salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente.
• Proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.
• Que se respete la integridad de sus valores, prácticas e instituciones.
• Decidir las prioridades para su desarrollo.
6. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2º reconoce y protege los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Establece además que “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, y entiende por “pueblos indígenas” a “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Considerando también que esta disposición fue tomada del artículo 1°, inciso b).- del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales; convenio firmado y ratificado por México desde 1990, por lo que, desde ésa fecha, su cumplimiento es obligatorio (como lo ordena el artículo 133 de nuestra Constitución), por lo que constitucionalmente se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia para:
• Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
• Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
• Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.
• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
• Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras;
• Acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades.
7. Considerando que dichas disposiciones se contemplan también en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Educación del Estado de Oaxaca, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca, entre otras, en las que se señala que:
• El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales.
• Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.
• La autonomía de los pueblos y comunidades se ejercerá a nivel del municipio, de las agencias municipales, agencias de policía o de las asociaciones integradas por varios municipios entre sí, comunidades entre sí o comunidades y municipios.
Por todo lo anterior, las comunidades y barrios de la región triqui baja: San Juan Copala (actualmente en situación de desplazamiento forzoso debido a la agresión paramilitar que hemos sufrido durante ya 4 años), Agua Fría Copala, Yosoyuxi Copala, Santa Cruz Tilapa y Paraje Pérez, EXIGIMOS al Estado Mexicano y específicamente al Congreso del Estado de Oaxaca, Poder Ejecutivo de Oaxaca, Poder Ejecutivo Federal, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados Federal:
PRIMERO. El reconocimiento inmediato e incondicional al derecho que tenemos los pueblos indígenas a la libre determinación.
SEGUNDO. El reconocimiento inmediato e incondicional (en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, de la constitución federal, y de todas las leyes en la materia) del derecho que tenemos a la autonomía y la libre determinación las comunidades triquis antes mencionadas, las cuales, a partir del día primero de enero del año 2007, nos hemos constituido en Municipio Autónomo de San Juan Copala, con el objeto de romper con la subordinación a las organizaciones que, ligadas, subsidiadas y protegidas por el gobierno, han traído a la región la muerte, la destrucción, la extorsión, el cerco y desplazamiento de comunidades triquis enteras, el despojo de bienes, la violación a mujeres, el asesinato de niños y la desaparición forzada de personas.
TERCERO. Exigimos el reconocimiento inmediato e incondicional de las autoridades de las comunidades y barrios que integran el Municipio Autónomo de San Juan Copala, las cuales han sido elegidas libremente y les ha dado posesión el Consejo de Ancianos desde la fundación del Municipio Autónomo y las cuales en conjunto constituyen el Consejo Autónomo Comunitario.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, se desconoce la injerencia o representatividad de cualquier otra autoridad que no sea electa de manera legítima por las comunidades y barrios. Específicamente se desconoce la autoridad de la llamada “Agencia Municipal de San Juan Copala” impuesta por los asesinos pertenecientes a las organizaciones paramilitares que durante 4 años han intentado, infructuosamente, aniquilar al Municipio Autónomo de San Juan Copala.
QUINTO. Las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala sujetan sus actos, desde la fundación de este municipio, a los sistemas normativos del pueblo triqui, y en lo que estos sistemas normativos no prevean forma de conducirse, a las leyes del Estado mexicano, respetando siempre la voluntad de sus ciudadanos, el respeto de la cultura triqui y todas las disposiciones y convenciones sobre los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de los niños, derecho a la cultura propia y derecho al libre desarrollo en un marco de respeto a la naturaleza y de conservación de nuestros bienes tangibles e intangibles para el uso y disfrute de las siguientes generaciones.
SEXTO. Las autoridades de las localidades que conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala y específicamente el Consejo Comunitario Autónomo representan a las comunidades y barrios hacia el exterior del municipio. Una vez que las autoridades a las que específicamente nos hemos dirigido den respuesta a este escrito, nuestras autoridades estarán en la disposición absoluta de iniciar con el Estado mexicano los procesos de diálogo y concertación para el diseño y aplicación concreta de los mecanismos que lleven al pronto cumplimiento del ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía como pueblos indígenas.
Esperamos su respuesta por escrito y ponemos como domicilio para recibir cualquier notificación en el CAMPAMENTO DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA, Arcos Poniente del Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, Colonia Centro C. P. 68000, Oaxaca, Oaxaca y en el CAMPAMENTO DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA en el Zócalo de la Ciudad de México, costado Poniente de la Catedral Metropolitana, Calle Monte de Piedad Sin Número, Col. Centro, C. P. 06000. México, D. F.
Dado en el territorio del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Zona Triqui Baja, Oaxaca, el día 23 de septiembre del 2011.
Por el Municipio Autónomo de San Juan Copala
martes 27 de septiembre de 2011
Mensaje desde Finlandia
Considerando que la CIDH tiene hoy una reunión en la Ciudad de México en relación con el caso de San Juan Copala y los triquis violentamente:
Nuestra organización, Viento Nuevo (la organización finlandesa en la que era activista Jyri Jaakkola antes de que fuera asesinado en su camino a San Juan Copala) envía aquí un llamamiento a la CIDH. (ver el archivo adjunto):
Estamos profundamente preocupados por las violaciones sufridos por los triquis desplazados de San Juan Copala.
Respetamos el trabajo que la CIDH no sólo para garantizar los derechos de los triquis desplazados, así como para analizar las normas y la jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos en relación con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales.
Dado que parece que la situación de San Juan Copala y las violaciones en contra de sus personas desplazadas están profundamente vinculados a violaciones de las diversas normas de los Derechos Humanos Interamericana de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, por lo tanto:
Hacemos un llamamiento a la CIDH que inste a los gobiernos de Oaxaca y de México en el caso de los triquis desplazados de San Juan Copala para corregir la implementación descuidada de sus los derechos que figuran en el documento de la CIDH "Derechos de los Pueblos indígenas y tribales de sus tierras ancestrales y naturales recursos".
Esperamos que esta demanda se puede utilizar para fortalecer y profundizar la aplicación de las medidas cautelares de la CIDH en el caso de San Juan Copala y también para promover la aplicación de los derechos presentados en el documento "Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la CIDH de los Pueblos sobre sus tierras ancestrales yRecursos Naturales".
Creemos que el caso de San Juan Copala puede elevar a la consideración diversas maneras cómo los derechos se presentan en dicho documento se han descuidado y que necesitan corrección - y los hemos tratado de compilar a nuestro llamamiento.
Gracias
Nuevo Viento
Ville-Veikko Hirvelä
Miembro del directorio de Nuevo Viento
villeveikkoh1@gmail.com
Nuestra organización, Viento Nuevo (la organización finlandesa en la que era activista Jyri Jaakkola antes de que fuera asesinado en su camino a San Juan Copala) envía aquí un llamamiento a la CIDH. (ver el archivo adjunto):
Estamos profundamente preocupados por las violaciones sufridos por los triquis desplazados de San Juan Copala.
Respetamos el trabajo que la CIDH no sólo para garantizar los derechos de los triquis desplazados, así como para analizar las normas y la jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos en relación con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales.
Dado que parece que la situación de San Juan Copala y las violaciones en contra de sus personas desplazadas están profundamente vinculados a violaciones de las diversas normas de los Derechos Humanos Interamericana de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, por lo tanto:
Hacemos un llamamiento a la CIDH que inste a los gobiernos de Oaxaca y de México en el caso de los triquis desplazados de San Juan Copala para corregir la implementación descuidada de sus los derechos que figuran en el documento de la CIDH "Derechos de los Pueblos indígenas y tribales de sus tierras ancestrales y naturales recursos".
Esperamos que esta demanda se puede utilizar para fortalecer y profundizar la aplicación de las medidas cautelares de la CIDH en el caso de San Juan Copala y también para promover la aplicación de los derechos presentados en el documento "Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la CIDH de los Pueblos sobre sus tierras ancestrales yRecursos Naturales".
Creemos que el caso de San Juan Copala puede elevar a la consideración diversas maneras cómo los derechos se presentan en dicho documento se han descuidado y que necesitan corrección - y los hemos tratado de compilar a nuestro llamamiento.
Gracias
Nuevo Viento
Ville-Veikko Hirvelä
Miembro del directorio de Nuevo Viento
villeveikkoh1@gmail.com
Message from Finland
Since IACHR has today a meeting in Mexico City regarding the case of San Juan Copala and Triquis violently displaced from there, therefore:
Our organisation, the New Wind (the Finnish organisation in which Jyri Jaakkola was active before he got murdered on his way to San Juan Copala) sends here an appeal to the IACHR. (see the appeal attached)
We are deeply concerned for the violations suffered by the Triquis displaced from San Juan Copala.
We respect the work which IACHR does both to secure the rights of the displaced Triquis as well as to analyse the norms and jurisprudence of the Inter-American Human Rights system as related to indigenous peoples’ rights over their ancestral lands and territories.
Since it appears that the situation of San Juan Copala and the violations against its displaced people are deeply linked to violations of diverse norms of the Inter-American Human Rights of indigenous peoples’ over their ancestral lands and territories, therefore:
We appeal the IACHR to urge the Oaxacan and Mexican governments in the case of the displaced Triquis of San Juan Copalato correct the neglected implementation of those their rights which are presented in IACHR's document "Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources" and quoted in our appeal (attached here)
We hope that such demand can be used to strengthen and deepen the implementation of the IACHR precautionary measures in the case of San Juan Copala and also to promote the implementation of the rights presented in IACHR's "Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources".
We think that the case of San Juan Copala can raise to the consideration diverse ways how the rights presented in"Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources" have been neglected and would need correction - and these we have tried to compile to our appeal.
Thank you
The New Wind
Ville-Veikko Hirvelä
boardmember of the New Wind
villeveikkoh1@gmail.com
Our organisation, the New Wind (the Finnish organisation in which Jyri Jaakkola was active before he got murdered on his way to San Juan Copala) sends here an appeal to the IACHR. (see the appeal attached)
We are deeply concerned for the violations suffered by the Triquis displaced from San Juan Copala.
We respect the work which IACHR does both to secure the rights of the displaced Triquis as well as to analyse the norms and jurisprudence of the Inter-American Human Rights system as related to indigenous peoples’ rights over their ancestral lands and territories.
Since it appears that the situation of San Juan Copala and the violations against its displaced people are deeply linked to violations of diverse norms of the Inter-American Human Rights of indigenous peoples’ over their ancestral lands and territories, therefore:
We appeal the IACHR to urge the Oaxacan and Mexican governments in the case of the displaced Triquis of San Juan Copalato correct the neglected implementation of those their rights which are presented in IACHR's document "Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources" and quoted in our appeal (attached here)
We hope that such demand can be used to strengthen and deepen the implementation of the IACHR precautionary measures in the case of San Juan Copala and also to promote the implementation of the rights presented in IACHR's "Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources".
We think that the case of San Juan Copala can raise to the consideration diverse ways how the rights presented in"Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources" have been neglected and would need correction - and these we have tried to compile to our appeal.
Thank you
The New Wind
Ville-Veikko Hirvelä
boardmember of the New Wind
villeveikkoh1@gmail.com
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