7 de octubre de 2011
CENTRO
REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO”
A.C.
A UN AÑO DEL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
PARA 135 HABITANTES DE SAN JUAN COPALA.
Hoy 7 de octubre se cumple un año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de San Juan Copala, exigiendo al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de estas personas. Al inicio, en las reuniones de implementación de las medidas cautelares se dio la participación de funcionarios federales y estatales a nivel de secretarías, quienes en ese momento mostraron su interés en el caso. Gracias a la presión internacional, en marzo del 2011 el propio gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de manera inédita acudió con una comisión de primer nivel a Washington a una reunión de trabajo solicitada por los peticionarios para informar sobre la implementación de las medidas cautelares.
El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BarcaDH) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, desde las primeras reuniones entregamos a las instancias responsables de la ejecución una propuesta integral para atender los temas de Justicia, Seguridad, Salud, Educación y retorno de los desplazados. Asimismo, solicitamos que instancias nternacionales de derechos humanos, como la Oficina para México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ACNUR, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y Brigadas de Paz, acompañaran y estuvieran en las reuniones de implementación.
En abril de 2011, BarcaDH y Cedhapi renunciamos al seguimiento de la implementación de las medidas cautelares, en virtud de que los beneficiarios decidieron seguir con el acompañamiento del Foro Permanente por la Verdad, a cargo de David Sicilia, organización que también fue peticionaria y tiene la representación de los desplazados que se encuentran en la Ciudad de México.
Es importante mencionar que una vez que se otorgaron las medidas cautelares en el mes de octubre, la situación de violencia y agresiones a integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala disminuyó y los proceso judiciales empezaron a avanzar.
El gobierno de Oaxaca, como parte del Estado mexicano, sabe que tiene una responsabilidad y compromiso para resolver la situación de impunidad que existe en la región, el desplazamiento de personas y la pacificación en la zona triqui; además es urgente y prioritario que el caso sea atendido de forma integral y de fondo.
A la fecha, y sin ser parte de la implementación de las medidas cautelares, nos preocupa y alarma que a un año del otorgamiento exista desinterés e incumplimiento de las mismas.
Nos solidarizamos con la exigencia de justicia de los desplazados de San Juan Copala, pero al mismo tiempo les pedimos que sean ellos quienes determinen el camino que los lleve a unificar su nación triqui, pues bien saben que hay muchos intereses políticos, económicos y de control que no los dejan unirse; existen muchos grupos que están con ellos y lejos de acercarlos a una solución, la complican.
Por lo anterior, desde el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” exigimos al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal:
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA LOS 135 HABITANTES DE
SAN JUAN COPALA.
RETORNO DE LOS DESPLAZADOS DEL PUEBLO TRIQUI
JUSTICIA PARA LAS VIUDAS Y HUÉRFAMOS DE SAN JUAN COPALA.
“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
