Grupos de paramilitares asaltan y destruyen San Juan Copala

El municipio autónomo ha sido abandonado tras diez meses de asedio y asesinatos

Grupos de paramilitares asaltan y destruyen San Juan Copala

Sergio de Castro Sánchez

Diagonal

Finalmente, las familias que durante diez meses soportaron el [asedio del grupo paramilitar de la Unión de Bienestar Social de la Región Trique (Ubisort) en complicidad, según integrantes del MULT-Independiente (MULT-I), con el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), se vieron obligadas a abandonar el municipio autónomo San Juan Copala.
El 13 de septiembre, más de 500 hombres fuertemente armados asaltaban la comunidad y tomaban el Palacio Municipal (Ayuntamiento). “Si no se van, los vamos a colgar en el atrio de la iglesia y echaremos gasolina a sus casas”, fueron las palabras que los miembros del MULT dirigieron por megafonía a los habitantes de Copala. Según relatan éstos, el 20 de septiembre, los paramilitares incendiaban más de 100 casas, obligándolos a escapar del lugar. Desde el comienzo del sitio en noviembre de 2009, ya han abandonado Copala 800 personas . Días después, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz –del Partido de la Revolución Institucional– declaraba que la existencia de paramilitares, muertos y desaparecidos en Copala “sólo está en la mente de quienes lo señalan”.
Resistencia y solidaridad
Tras el asesinato de Beatriz Cariño –activista de Copala– y Jyri Jaakkola –internacionalista finlandés– el 27 de abril, cuando participaban en unacaravana de observación que se dirigía al municipio, buena parte de los medios mexicanos y algunos internacionales voltearon su mirada hacia Copala. Así, el 8 de junio, una multitudinaria caravana con víveres trataba de acceder a una localidad bloqueada desde hacía seis meses. La pasividad de la fuerza pública ante los grupos armados e, incluso, la complicidad de las autoridades estatales, hizo que la caravana decidiera no entrar en Copala.
Días antes, el 21 de mayo, Timoteo Alejandro, uno de los máximos líderes del MULT-I, y su esposa Cleriberta Castro eran asesinados. Un hecho que el propio municipio considera clave para la estrategia paramilitar de tomar Copala. Constantes han sido las acciones de denuncia realizadas por el municipio. Así, diversas mujeres de Copala instalaban el 11 de agosto un “plantón” en el Zócalo de la capital oaxaqueña que todavía continúa.
Un plantón que se sumaba al que desde el 3 de mayo está situado en la capital mexicana. Primero en el Zócalo –de donde fueron desalojados por la fuerza para poder colocar una gran pantalla con ocasión del Mundial de Fútbol– y más tarde a un costado de la catedral. Entre las actividades y acciones del plantón de Distrito Federal estaba prevista para el 23 de agosto una caravana motorizada que saliera de Copala hacia México DF. Dos días antes, tres miembros del municipio eran asesinados al volver de apoyar en los preparativos de la caravana.
Guerra total a la autonomía
Desde que el MULT-I declarara el 1 de enero de 2007 a San Juan Copala municipio autónomo como parte del movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) surgido en 2006, tanto el MULT como Ubisort rechazaron el proyecto que, sin embargo, se ha convertido en referente de la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas mexicanos. Desde ese día, 16 personas han sido heridas y 15 asesinadas por grupos armados que, según denuncia el MULT-I, actúan en complicidad con el Gobierno estatal para acabar con una autonomía que se convirtió en eje central de la propuesta de la APPO, un movimiento cuya principal exigencia fue la salida del actual gobernador Ruiz.
Las elecciones de julio dieron la victoria a Gabino Cué, del Partido de la Revolución Democrática, gracias a un pacto con el derechista Partido Acción Nacional. Cué, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, ha afirmado que en su mandato volverá la paz a Copala, pero no será “bajo la figura de municipio autónomo”, figura “que no prevé la ley”. “Autonomía, ¿para qué?”, añadía Cué.
- Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Grupos-de-paramilitares-asaltan-y,12372.html

La muerte de Teresa

La muerte de Teresa

Por David Cilia Olmos

En 20 días más Teresa cumpliría 32 años, en marzo próximo estaría dando a luz, por esas fechas también su hijo Efraín estará cumpliendo dos años. Ya no lo celebrará. Ahora está rodeada de hermosas flores, ayer la despedimos, se fue con su vestido tradicional, con la nueva hamaca que nunca alcanzó a estrenar, con sus trastos de plástico y un gallo para que la acompañe en su camino.

Se fue con un mensaje escrito en la mano, antes de irse sus ancianos padres le orientaron sobre su camino y le dijeron en Triqui: recuerda allá, donde te escuchen, los nombres de los que te quitaron la vida, y los repitieron uno por uno. No hay coraje, hay dolor y más que nada, la preocupación para que no se olvide el mensaje.

Antes de irse Orlando, el hijo de Teresa, y su abuela, lavaron con alcohol sus manos y la planta de los pies para que llegue limpia a donde va. Orlando no llora, a sus 9 años entiende perfectamente que de nada le sirve llorar, las demás mujeres tampoco lloran, han estado presentes durante horas de pie, aquí no hay ni una silla donde sentarse, ni un banco y ni un tabique.

Teresa no fue velada en su casa, “¿Qué casa iba a tener si era desplazada?” me contesta un indígena Triqui. En la casa más cercana a la escuela, sobre unos cuantos blocks de concreto se colocó su ataúd, entre las sábanas solo se alcanza a observar su cabello negro ensortijado.

Teresa había resistido los más de 300 días que duró el cerco militar en contra de la localidad de San Juan Copala, los últimos días del asedio ya no había comida y solo bebía agua de lluvia, cuando llovía, pues ya era imposible salir de las casas.

Pero finalmente el sitio en contra de Copala terminó con la toma militar del poblado. Primero la policía estatal tomo el Palacio Municipal Autónomo con el pretexto de la muerte del jefe paramilitar de UBISORT en la Sabana. La comunidad sitiada había sido tocada en su corazón. La policía estatal dejó el Palacio Municipal Autónomo, pero nuevamente las mujeres volvieron a salir a las calles de su comunidad y lo retomaron. No fue fácil, ahí murió una persona y hubo muchos heridos de bala.

Entre el 11 y el 19 de septiembre se dio la batalla por Copala, seis días le tomo a 400 paramilitares tomar el poblado casa por casa. La gente pasó los últimos días en sus casas con un estoicismo que se guardará en las páginas de la historia de este país, durante 3 o 4 días no tuvieron nada que comer y nada que beber. Teresa salió de su casa, con sus hijos el 14 de septiembre, durante la madrugada, en la oscuridad y dado lo abrupto del terreno cayó en una barranca profunda y rodó arrastrando a algunos de sus hijos. Como pudo siguió su camino y finalmente logró pasar entre lo más difícil de la selva y barrancas el cerco de los paramilitares. Su esposo Jordán se quedó a intentar proteger el poblado y ayudar al escape de los demás habitantes, la mayoría de ellos de la tercera edad.

Cuando finalmente Jordán logró romper el cerco militar y escapar se reunió con ella en Yosuyuxi y enfrentaron su nueva situación, durante más de 10 meses ni Jordán ni Teresa habían tenido alguna fuente de ingresos económicos, pues primero no podían salir del poblado y luego ni de sus casas, ahora el joven matrimonio tenía que ver como alimentar a sus 6 hijos, que en 5 meses serían 7.

Teresa vivía escondida en la casa de su mamá. Ni ella ni sus hijos podían salir y ni siquiera asomarse a la puerta o a las ventanas, la casa de su madre estaba visible y peligrosamente a la orilla de la carretera. Ahí solo podía tejer diadema indígena, artesanías, para tener algún ingreso, pero ella no podía salir a venderlas, pues su vida corría peligro.

Una semana antes de su muerte Teresa y Jordán recibieron en esa casa a Matilde Pérez, de La Jornada, a Zósimo Camacho y David Cilia García, reporteros de la revista Contralínea, al corresponsal de Proceso en Oaxaca, a la reportera Frida Guerrera y a Reyna Martínez vocera del Municipio Autónomo en el estado de Oaxaca.

Reyna tomó las manos de Teresa en sus propias manos y le dijo mirándola a los ojos:

--Vámonos para Oaxaca, al plantón…

--No puedo Reyna –contestó Teresa—tengo muchos hijos y pueden dar mucha lata.

Reyna insistió, pero Teresa mantuvo su negativa, quería estar con su esposo y sus hijos juntos y eso sólo lo podía lograr estando en Yosuyuxi.

Ahora Teresa está muerta. Hasta esta localidad de la región Triqui Baja que reúne la mayor cantidad de desplazados de San Juan Copala llegaron los sicarios para ejecutarla.

Ahora mismo nos muestran la ropa que tenía puesta Teresa durante la emboscada. El largo cinturón indígena tejido a mano muestra las perforaciones de los tiros que la abatieron por la espalda, nos muestran el sostén tinto de sangre, el fondo, y el huipil de por sí rojo, con el orificio de la bala calibre 7.62. Pero no es la única sangre, en la camioneta en la que viajaba se nota la saña, el uso de diversos calibres, el miedo de los que con impunidad disparan que una vez, apretado el gatillo, no dejaron de disparar hasta que sobre la carretera dieron el tiro de gracia a Jordán, el esposo de Teresa.

Rodeada de flores, en manojos que nunca abandona una anciana Triqui, la madre de Teresa reflexiona o pregunta en un español bastante claro para quien lo quiera entender: “no sé porque le hacen así, ella no es hombre, nomás mujer, ella nomás estaba aquí, en su casa”.

Su pregunta me da claridad acerca de que los paramilitares que se están apoderando de México están mandando un mensaje de “equidad” en la muerte que distribuyen, los mínimos códigos de comportamiento en la guerra, para ellos son basura, lo que el jefe ordene, eso se hace. Los paramilitares que siguen masacrando al pueblo Triqui de Copala tienen los mismos códigos éticos que sus jefes Toño Pájaro, Heriberto Pazos, Ulises Ruiz, o sea, no tienen madre.

Pero yo me pregunto: ¿Dónde están las y los activistas que defienden los derechos de la mujer en México? ¿Andan en algún congreso internacional? ¿Teresa no era mujer? ¿Acompañaba demasiado a su marido como para que merezca ser defendida?

¿Dónde están los que defienden a los niños de la violencia? ¿Los hijos de Teresa no son víctimas de la violencia? ¿Necesitaban ser lastimados verbalmente y no con balas para que alguien les haga caso?

¿Dónde están los que defienden los derechos de los pueblos indios? ¿Teresa no era Triqui? ¿Los Triquis no son un pueblo indígena?

¿Dónde están los que defienden el derecho a la salud? Alexandra, la hija de 3 años de Teresa tiene una esquirla o cristal en la cabeza que no pudimos retirar, Frida Guerrera y yo, con agua hervida y sal y unas tijeras de kínder que es lo único que había al alcance para atenderla donde está. ¿Qué el doctor? ¿Qué el Centro de Salud? ¿De qué me están hablando?

Frida Guerrera, la primera y única reportera que ha entrado a Yosoyuxi luego de la masacre -- hasta la fecha--, se queda con una profunda sensación de impotencia. Nosotros no pudimos ¿Entonces quién la va a curar? El Estado mexicano gasta exactamente pinchemil millones de pesos en salud. Ni un centavo se invertirá en curar a Alexandra, se los puedo asegurar. Pero repito ¿Dónde están los activistas que se rifan el pellejo en éste país para atender el derecho a la salud que el Estado y el sistema se niega a atender? ¿Es demasiada chica su herida? ¿De cualquier forma de algo va a morir o la van a matar a balazos?

¿Dónde están los que defienden a los desplazados, a los perseguidos, a los refugiados, a los damnificados en otras partes del mundo? ¿Acaso sólo lo son si lo dice Televisa? ¿Sólo al lado de un artista famoso los Triquis pueden tener el estatus de desplazados, de refugiados, de damnificados?

¿Dónde están esos hombres y mujeres viriles, güevudos --como dicen los misteriosos desaparecedores--, que pueblan la política nacional, la “izquierda” y los movimientos sociales con discursos encendidos sobre la justicia y los derechos? ¿Matar mujeres, disparar contra niños de uno a 3 años, rematar a los heridos no es una injusticia?

¿Dónde están los que defienden la autonomía, la libertad, la democracia? ¿El pueblo Triqui no tiene el derecho a organizarse, expresarse como le dé su gana?

Podría seguir preguntando pero no sé si como desde hace 10 meses, 10 años, o 5 siglos estas preguntas en realidad no tengan respuestas o no merezca yo conocerlas.

Lo que sí sé es donde está el asesino de Teresa, Antonio Cruz, alias el Pájaro. Está estacionado en su carro focus rojo, con las luces ostensibemente encendidas, sobre una terracería que entronca con la carretera por la que vamos pasando rumbo a Tlaxiaco para mandar esta información.

Zona Triqui baja, lunes 18 de octubre de 2010.

David Cilia Olmos.

En San Juan Copala no se ha dicho la última palabra... Revista Desinformémonos

Continuará la autonomía

En San Juan Copala no se ha dicho la última palabra

“El municipio autónomo de San Juan Copala no está desaparecido ni va a desaparecer porque tiene el respaldo y apoyo de la gente y de varias comunidades triquis” (comunicado de las autoridades de Copala).

DESINFORMÉMONOS

DESINFORMÉMONOS
FOTOGRAFÍA: HERIBERTO RODRÍGUEZ/ SUBVERSIONES AGENCIA AUTÓNOMA DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE

Encuentro de Jorge Albino, vocero del Municipio Autónomo de San Juan Copala, con el lingüista y activista Noam Chomsky. México. Septiembre de 2010

Aunque la violencia tiene el nombre de los grupos paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y del Movimiento de Unificación y Lucha Trinqui (MULT), el conflicto que desencadenó la actual destrucción del municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, es complejo y viene de muchos años atrás.

Enrique Gómez Levy, conocedor de la zona triqui y miembro del organismo Enlace Rural, advierte que el triqui que habita en Copala aprendió la violencia desde el siglo XVI, cuando en el lugar jueces, caciques y policías de la Colonia les arrebataban sus mejores tierras, además de que los curas de aquel momento exigían diezmos desproporcionados. Síntoma que parece reflejar no sólo la problemática de Copala, sino una radiografía que explica mucho del México actual, Levy agrega: Los maestros de la región, desde mediados del siglo pasado, fueron convertidos en agentes de partidos, promotores de la subordinación incondicional. Introdujeron la división y la desvaloración de las autoridades tradicionales.

Otra de las razones que Gómez Levy apunta como uno los detonadores de la violencia en esta región se refiere a los recursos naturales con los que cuentan. Algunos cuantos tienen acceso a las ganancias que dejan la venta o producción de los recursos. Levy argumenta dos casos en particular; el primero, el sistema comercial del café, el cual –menciona- es fraudulento, fue corrupto y se llegaba a pagar en especie, con aguardiente o con armas. El otro caso que contextualiza la actualidad de Copala son las reservas de madera y metales, las cuales son codiciadas por los terratenientes de la Costa y del Valle de Putla en la Sierra Sur y de Tlaxiaco.

Enrique Gómez encuentra una causa más a las tantas razones sobre la generación de violencia en esta zona. Cuando surgía –explica- algún líder o militante de la renovación política y productiva de los triquis en Copala, estos eran perseguidos y asesinados, y “nunca se pudo reparar la falta de sus ideales para el bien del pueblo”.

Finalmente, relata Gómez Levy, “la aprobación de un partido político manipulado (del MULT), propició una división a la hora de ejercer el voto y terminó por minar a la izquierda, además de fulminar cualquier esperanza que viniera desde la trinchera de lo político a favor de la gente”. 

Continúa... en: http://desinformemonos.org/2010/10/en-san-juan-copala-no-se-ha-dicho-la-ultima-palabra/

¿Qué está pasando en Copala?

en conflicto

¿Qué está pasando en Copala?

San Juan de Copala vive en estado de sitio desde hace meses, los tiroteos son habituales y no queda qué comer, agua ni luz

Un convoy humanitario volverá a inter darles auxilio después de que los paramilitares atacaran a una caravana internacional y matará a dos de sus integrantes

07.06.2010 · Majo Siscar · (México)

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Sus pies diminutos corren descalzos por el camino de tierra. No sienten el dolor de las piedras, están más que acostumbradas a la desnudez de sus pies, y además lo que les preocupa, a esas seis mujeres de poncho rojo, es volver a casa sanas y salvas con los cinco niños que acarrean. Hoy el comandante de Juxtlahuaca, un municipio mestizo en la zona triqui las dejó ir, después de que, con su complicidad, presuntos integrantes del grupo paramilitar Unión y Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) las retuviesen en la comunidad de La Sabana durante una noche entera, las insultaran, las maltrataran y les robasen la comida que habían ido a buscar a Juxtlahuaca, desde su pueblo San Juan Copala.

Altar en memoria de Betty Cariño y Jyry Jaakkola hecho en la ciudad de Oaxaca. M.S.

Esto pasó el pasado 16 de mayo, un día después de que fueran secuestradas de entre un grupo de 30 mujeres triquis, prácticamente la totalidad que viven en San Juan Copala, un pequeño municipio de la Sierra Madre oaxaqueña que ha pasado a ocupar portadas internacionales desde que a finales de abril atacaran a una caravana humanitaria internacional que allí se dirigía,asesinando a la defensora de Derechos Humanos Alberta Beatriz Cariño y al observador finlandés Jyri Jaakkola, cuyos homicidios continúan impunes como todos los atropellos que viene sufriendo esta población desde que en 2007 desafiaran a los partidos políticos y organizaciones que controlan la región y crearan un municipio autónomo.

El municipio autónomo, aunque ahora es el único en el estado de Oaxaca –si los hay en otros estados, como los que conforman los pueblos zapatistas en Chiapas-, bebe de la tradición indígena y se fundamenta en no reconocer a las autoridades partidistas y retornar a la organización originaria, basada en una distribución del poder en cargos religiosos y civiles consensuados por los indígenas locales en asamblea.

Los triquis de Copala, decidieron volver a implementarlo en 2007, después de que la organización que crearon en los años 80, el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), apostara por conformarse como partido y se desentendiese de algunas de las principales reivindicaciones por las que nació, la soberanía del territorio histórico de los indígenas triquis, el control de sus recursos naturales, y la defensa de su cultura y lengua, frente a las intromisiones interesadas de los mestizos. Así se escindieron del MULT y crearon el MULTI, Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente.

La región triqui es una isla fértil en medio de la Sierra Madre. Con montañas que superan los 2500 metros de alturas y barrancos que descienden hasta los mil metros sobre el nivel del mar, es rica en recursos madereros, agua, minas e ideal para la cosecha del café, el producto comercial principal y que desde su introducción a principios del siglo XX ha ocasionado conflictos.

Según narra el principal experto en la región, el también indígena Francisco López Barcenas, en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular, los conflictos armados entre triquis son un contínuo desde los tiempos de la revolución mexicana, hace un siglo. No obstante, el mismo Bárcenas, demuestra con sus investigaciones que esta violencia vino imbuida desde fuera, por parte de los caciques y comerciantes locales que querían aprovecharse de la venta de café, en un salto de la economía de subsistencia a la de mercado para la que los triquis aún no estaban preparados.

“En el plano económico armaron un circuito para despojar a los triquis de su producción que incluía la entrega de aguardiente para que se embriagaran, lo mismo que armas para que se pelearan entre ellos, con lo cuál cancelaron su producción y les robaron utilizando medidas alteradas. Políticamente, les arrebataron su categoría de municipio libre y (…) les impusieron el poder mestizo. Durante las décadas q siguieron los triquis vivieron una de las más cruentas guerras entre hermanos”, relata el libro que es una radiografía de la zona.

Esta situación cambió el rostro social y político del lugar. A parte de armarles a todos, les separaron sus tierras en diferentes partidas agrarias que no correspondían a los lazos naturales y adscribieron sus aldeas a diferentes municipios sin respetar sus dos centros políticos y ceremoniales propios, los chuman’a, uno de ellos San Juan Copala, que agrupaba toda la región baja triqui.

Sin embargo, tal y como hace el gobernador Ulises Ruíz ahora en declaraciones recientes a la prensa, históricamente también se han inventado respuestas fáciles. Así, desde hace años se afirma que son violentos por naturaleza porque la cultura de la muerte es parte de su cosmovisión. Una aseveración, según Bárcenas, falsa, interesada y discriminatoria que no arroja luz sobre el problema y no abona a su solución.

En una entrevista reciente, Barcenas argüía que se trata de “una violencia inducida desde el gobierno. No son conflictos intercomunitarios propiamente. Hay enfrentamientos entre comunidades, pero por su filiación. En este caso, la Ubisort, que obedece directamente las directrices del PRI y el gobierno del estado, y por otro lado un grupo de comunidades que deciden romper con toda organización para construir su propio camino, recurrir a su propias tradiciones, costumbres, autoridades y hacer su municipio autónomo”.

Otra de las fracciones es el MULT, que aún no ha digerido perder parte de sus afiliados, y por lo tanto, el control de la zona donde habitan y los recursos que allí se destinaban. En un estado tan marginado como el de Oaxaca, que alcanza en algunos lugares índices de pobreza como el África Subsahariana, y es el tercer estado menos desarrollado de México, las inversiones federales y estatales no recaen en la zona a través de infraestructuras básicas o obras públicas, si no en partidas presupuestarias que son entregadas a los municipios y a las organizaciones sociales que los controlan. Al deslindarse del sistema partidista, no sólo San Juan Copala pierde estos recursos, sino que las dos organizaciones que los recibían ven mermados una parte de ellos porque ya no se destinan.

Pero desde San Juan Copala aseguran que no quieren ese dinero. “Sólo queremos que nos dejen gobernarnos a nuestra manera, no queremos dinero, ni depender de nadie, queremos trabajar y justicia para todos estos asesinatos. En estos tres años, solo en Copala ha habido 25 muertos y nadie ha venido a ver si hay justicia, si hay alimentos, si hay educación”, asegura Marcos Albino, representante del Municipo Autónomo en la Ciudad de México.

Timoteo Ramírez era un líder histórico en la comunidad reconocido por todos. Julio César Hernández / Contralínea

El último asesinato fue el pasado 20 de mayo y consternó a toda la población triqui pues tocó a uno de sus máximos “líderes naturales” Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Ambos vivían en una de las comunidades de San Juan Copala y atendían una tienda. Desde hace seis meses llegaban unos comerciantes a abastecer su negocio con precios mucho más baratos que el resto. La tarde del 20 de mayo, después de haberse ganado la confianza del líder, le dispararon a bocajarro en su propia casa.

Los dirigentes del municipio autónomo de Copalaresponsabilizan al gobierno del homicidio. “Timoteo fue asesinado por desconocidos, pero es un crimen de estado. Mataron al compañero porque su proyecto era empujar una mesa de diálogo entre las comunidades. Él no le apostaba a los partidos políticos, sino a organizarnos a nuestra manera, a nuestra cultura, con nuestra lengua. Pero con su muerte no se detiene los proyectos q hemos impulsados, la medicina comunitaria, la educación comunitaria, hacerle frente a los partidos en la región”, declaró en rueda de prensa Jorge Albino, hermano de Marcos y Comisionado por los Derechos Humanos en el municipio autónomo de Copala.

Pero estas dos muertes, como la emboscada a la Caravana Humanitaria, sólo pone de manifiesto lo que Copala está viviendo día a día. El mero San Juan, el chuman’a, está en unasituación extrema, pues los hostigamientos se radicalizaron a finales de noviembre, cuando iban a recibir a una caravana de los movimientos sociales del estado de México. Ésta no consiguió entrar y a partir de ese día la comunidad fue sitiada por un cerco paramilitar que no les da tregua. Todos los accesos a la comunidad están bloqueados por retenes de la Ubisort que no permiten la entrada ni la salida de personas, ni siquiera de los maestros y el médico que desde hace seis meses no llegan a la comunidad. Les cortaron la luz, el agua y el teléfono que había en el municipio. Las tiendas están cerradas porque no queda nada que vender.

La gente apenas se atreve a salir a las calles de San Juan Copala, por miedo a ser alcanzada por las balas. Julio César Hernández / Contralínea

En sus calles, de tierra, sólo hay algún que otro perro famélico, y gallinas y pavos en busca de algo que picotear. La gente apenas sale porque hay tiros día y noche. Los paramilitares les acechan desde los cerros y cuando ven a alguien disparan, especialmente a los hombres. Las mujeres y los niños tienen un poco más de fuero, pero igualmente han herido algunas, y cuando intentan salir de la comunidad, como el 15 de mayo, corren severos peligros.

No hay nada más que comer que las tortillas que amasan con su propio maíz y algún que otro chile. Base con la que sobreviven desde hace seis meses. Ya se perdió la cosecha, y de las 300 familias que vivían en el pueblo sólo permanecen 30, el resto emigraron para combatir la hambruna y el miedo. Tal y cómo retratan las imágenes tomadas por los únicos foráneos que han logrado entrar en la zona, tres periodistas de la revista Contralínea, en las calles sólo se acumula el polvo y las fachadas de las casas registran numerosos impactos de bala.

“Te puede atravesar una bala perdida en cualquier momento”, cuentan sus habitantes con el miedo retratado en el rostro. Como si de una zona de guerra se tratara.

Las balas entran dentro de las casas a través de ventanas y techos de madera o lámina. Julio César Hernández / Contralínea

Ante esta situación, el municipio ha organizado otra caravana para este 8 de junio. Bajo el nombre de Caravana Betty Cariño y Jyri Jaakkola, este nuevo convoy pretende llevar víveres al municipio y romper el cerco paramilitar que desde hace seis meses tiene esa población sitiada. Además, pretenden que los periodistas y las organizaciones políticas y de Derechos Humanos que la integran constaten lo que está pasando en la población y lo difundan “para lograr una resolución por parte del gobierno del estado y el gobierno federal” según lo explica Víctor Castillo, otro indígena triqui que se ocupa del acopio de víveres en su exilio en la Ciudad de México. Para ello estan intentando reunir 500 personas, pues pretenden que sea mucho mayor a la anterior –donde sólo viajaron 27- para que disuada a los paramilitares que operan en la zona a cumplir sus amenazas de volver atacar.

Para el Profesor Melitón Santiago, portavoz del magisterio en Oaxaca, “el único que puede sentarse a platicar con las organizaciones triquis para que frenen la violencia es el gobierno estatal, que es quien los financia”. Sin embargo, pese a la exacerbación de la violencia, no ha habido ninguna voluntad por parte del Estado. A lo que agrega “Ruíz va a gastar todos los recursos para mantener a su gente en el poder y así lo está pagando la zona triqui”.

Y es que el resto del estado se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 4 de julio, donde por primera vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría perder la mayoría que ha ostentado durante los últimos 80 años. Aunque la alternativa electoral no provoque en la sociedad grandes expectativas de cambio por ser una coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna a nivel federal y es de derecha, con el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la salida del priismo provocaría el desmorone de todos sus pactos con la oligarquía caciquil y además abriría la puerta a un juicio político al gobernador Ulises Ruíz, que podría dejarle muy mal parado. En este contexto, el gobierno actual se aferra al poder.

Rubén Valencia, miembro de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, y que ya participó en la última caravana, el PRI se siente acorralado y apuesta por una estrategia de miedo. “El gobierno quiere una inestabilidad política que beneficie un voto de miedo a favor del PRI”, asevera.

Y es que desde el 2006, el gobierno que encabeza Ruíz está sumido en una crisis de legitimidad. Ese año, una movilización magisterial desembocó en una protesta ciudadana sin precedentes que pedía la destitución de Ruíz y puso en jaque la administración del estado durante cinco meses. Para apagarla, el estado reprimió cruelmente, asesinó a 28 personas y detuvo a otras 250.

Unos crímenes, por cierto, por los cuáles la Suprema Corte de Justicia responsabilizó a Ruíz, y recomendó dos juicios políticos en su contra, uno en el Congreso del Estado de Oaxaca y otro a nivel federal. Ninguno se ha hecho. Esta impunidad, según el abogado de Amnistía Internacional, David Peña, ha llevado al caso extremo de San Juan Copala, con la complacencia del propio estado estatal y federal. “Esta complicidad es compartida por los dos niveles de gobierno, que siguen sin responder. La responsabilidad es de Ulises Ruíz, de su secretario de gobierno y del Congreso de la Unión, que ha tenido la posibilidad de enjuiciar a Ruíz y no lo ha hecho por los acuerdos entre el PAN y el PRI”, afirma Peña.

Con este grado de polarización, no sólo en Copala sinó en todo el estado, las elecciones del próximo 4 de julio se prevén controvertidas. El mismo magisterio ha anunciado para el próximo día 9 un nuevo plantón magisterial cómo el que desembocó en la crisis del 2006.

Tomado de: Periodismo Humano: http://periodismohumano.com/en-conflicto/¿que-esta-pasando-en-copala.html

Copala: el Estado debe “romper su cerco” - Magdalena Gómez

Copala: el Estado debe “romper su cerco”

Magdalena Gómez

Está por cumplirse un mes de la brutal agresión a la caravana civil que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuyos muy lamentables saldos han sido ampliamente difundidos dentro y fuera del país, tanto desde espacios sociales como en los de las Naciones Unidas. Incluso la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, se sumó al reclamo de justicia.

La inocultable situación de ingobernabilidad e impunidad que se vive en esa región de Oaxaca poco parece importar al Estado. Desde el ulisismo pretenden convencer de que el conflicto les es ajeno y sólo es del pueblo triqui dividido. Esta tesis se ha convertido en visión oficial. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó: El gobierno de México considera que el pronunciamiento que hicieron esta mañana en Ginebra cuatro relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, toda vez que formulan pronunciamientos que pretenden identificar responsables de los acontecimientos en San Juan Copala, cuando éstos están apenas en su curso de investigación por la Procuraduría General de la República que, como saben, ha atraído el caso. Quiero destacar que, hasta la fecha, no se ha identificado la participación de agentes de Estado, ni federales, ni estatales en los hechos a los que me he referido. Las versiones que han circulado hasta ahora atribuyen la responsabilidad de los hechos a los grupos en conflicto, lo que deberá, por supuesto, ser precisado por las investigaciones. Y sentenció: Se espera, en el futuro, una actitud constructiva por parte de los relatores y mecanismos de los derechos humanos con los que México coopera (conferencia de prensa, 14/5/2010). Quién lo dijera, los diplomáticos de carrera hablando igual que el ulisismo. ¿No le informaron al señor embajador que está en juego un proceso autonómico a partir de una declaración que México aprobó en 2007 y que éste es asediado por paramilitares?

Los grupos paramilitares como forma de incentivar y acrecentar los llamados conflictos intracomunitarios están en el centro de la espiral de violencia.Exculpar al Estado de manera ligera, como hizo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, elude el cumplimiento de la obligación de todo Estado de garantizar el estado de derecho.

La revista Contralínea anunció que rompió el cerco cuando, de manera valerosa y con apoyo de triquis, lograron entrar y salir por el monte. Nos mostraron un retrato apremiante desde el municipio autónomo en voz de sus habitantes. Lamentablemente, esa arriesgada incursión no rompió el virtual estado de sitio en que se encuentra Copala, pues al salir de allí la situación no cambió. Ya dio cuenta de ello la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca, que en su boletín del 16 de mayo pasado señala que, a solicitud de Jorge Albino y en coordinación con seguridad pública, debían proteger el ingreso a Copala de 38 personas, la mayoría mujeres y niños, a plena luz del día y acompañados por 300 elementos de la policía estatal. Y agregó: Cabe señalar que el líder de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, acompañó a la caravana la mayor parte del trayecto. Finalmente, al considerar que no existían las condiciones para ingresar a Copala, dejaron al grupo en Yosoyuxi. El acompañante estaba en un aprieto, pues si entraban en paz a Copala gracias a su protección implicaba una especie de autodenuncia.

Como sabemos, la situación se agravó con el asesinato a mansalva en Yosoyuxi, el pasado jueves 20 de mayo, de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro. Él fue uno de los fundadores del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y era considerado el líder natural del MULT Independiente.

¿Cuántos crímenes más deben ocurrir para que el Estado retire a los paramilitares y los someta a la justicia? ¿Cuánto sufrimiento para las mujeres, los hombres, las niñas y niños que aún resisten en Copala? ¿Qué dicen al respecto en el Congreso de la Unión? No es tiempo de puntos de acuerdo o de ya van a ir a Oaxaca unas comisiones a hablar con Ulises –sin pasar por Copala–. ¿Qué más esperan los líderes triquis, sin Ubisort, para deslindarse de paramilitares y construir puentes entre ellos para detener la cadena de violencia y centrar sus baterías en la exigencia al Estado para que cumpla sus responsabilidades?

Con incriminaciones públicas de unos contra otros sólo se profundizará la crisis. Que se investigue y pruebe quién eliminó a uno de los más destacados promotores del municipio autónomo y quién ordenó su ejecución. Tampoco debemos eludir la pregunta: ¿a quién favorece electoralmente este clima? Mientras Copala ocupa ciertos espacios de prensa, las campañas electorales caminan como si nada estuviese pasando. A mi juicio, las exigencias deben centrarse en la responsabilidad del Estado, a todo nivel, por sus acciones y por sus omisiones.

Defenderse por defender la dignidad humana

Defenderse por defender la dignidad humana
Miguel Concha Malo

Durante los últimos años, diferentes grupos han salido a la luz en la lucha autogestionada por sus derechos humanos, tomando en cuenta que se vive bajo un clima de incertidumbre, impunidad, inseguridad y denuncias en materia de violaciones a la dignidad de las personas. Concretamente, en México han surgido informes que resaltan la urgencia de volverse hacia la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, además de esfuerzos colectivos para generar herramientas de protección y prevención ante acciones que vulneran su vida y ponen en riesgo su integridad y actuación.



En 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) presentó un informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país: Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Este documento fundamentó los eventos de agresión y obstaculización en contra de las y los defensores durante el periodo de enero de 2006 hasta agosto de 2009 en 10 entidades de la república. Teniendo en cuenta la declaración de 1998 de la Organización de las Naciones Unidas sobre “el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”, aprobada por México, el informe identifica como defensores a cualquier persona o grupo que promueve los derechos humanos, sin importar sus antecedentes profesionales o si pertenece o no a una organización de la sociedad civil.


Por su parte, Amnistía Internacional (AI), en el informe Exigiendo justicia y dignidad. Defensoras y defensores de los derechos humanos en México, retomó el tema el 21 de enero de este año, enfatizando la obligación del Estado para proteger a los defensores y defensoras. En su documento, AI no sólo evidencia el fracaso del Estado para cumplirla, sino su misma aquiescencia y complicidad en muchos casos para no hacerlo.


En un contexto en el que es cada vez más necesario y urgente evidenciar la situación de las propias defensoras y defensores, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó también en marzo un informe sobre los derechos humanos en México: Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual. En él constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas en la defensa y promoción de los derechos humanos son amenazados, sino también quienes en las actuales circunstancias ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de la autoridad, lo que afecta no sólo a las defensoras y defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad.


Según AI, los defensores y defensoras trabajan desde distintas competencias y de distintas maneras para proteger y hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos universalmente, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Tienen en común que defienden el principio de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición, y exigen la protección de las autoridades para la realización de sus tareas. En el ejercicio de su función social, comparten además un compromiso explícito de respetar los derechos y libertades de las demás personas. Sin embargo, hoy en México se vive también un clima cada vez más hostil hacia sus actividades, en el que no sólo están expuestos a amenazas y persecuciones, uso faccioso del derecho, sino también a encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y otras medidas represivas que atentan contra su propia actividad y dignidad como personas.


Enunciar todos los casos de vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos hoy en México sería casi imposible, ya que en la medida en que se prolonga y extiende la inseguridad y la militarización del país, se incrementan las violaciones contra quienes se resisten a vivir en un ambiente de injusticia, represión y violencia, trátese de organizaciones civiles, colectivos, redes, movimientos sociales o personas que desde sus propias iniciativas defienden sus derechos humanos.


En los últimos tres años, la falta de empleos, el deterioro de los salarios y el quebranto de las condiciones de seguridad social, el abandono del campo, la ausencia de políticas sociales eficaces para combatir la pobreza, la imposición de megaproyectos de supuesto “desarrollo”, la criminalización de la protesta social, el incremento de la delincuencia organizada, la militarización y la crisis cada vez más evidente del modelo económico, entre otros, han provocado que más voces tengan que salir a denunciar y a exigir. Así, en los últimos tres meses ubicamos a Omar Esparza, de la organización Maíz Nacional; a Obtilia Eugenio Manuel y Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa; a Marco Von Borstel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; a Jade Ramírez, de Radio Universidad de Guadalajara; a Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo; a Antonio Hernández, del Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora; a Ximena Peredo, del periódico El Norte; a las casas del migrante y a las familias de los desaparecidos por el Ejército Mexicano, entre varios más.


Llaman especialmente la atención los hechos ocurridos el pasado 27 de abril, cuando Bety Cariño, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jyri Antero Jaakkola, defensores de derechos humanos que formaban parte de una misión de solidaridad y observación en Oaxaca, fueron asesinados por un grupo paramilitar a la entrada del municipio triqui de San Juan Copala. Otros defensores, defensoras y periodistas sufrieron heridas, y cuatro miembros de la misión, incluidos Érika Ramírez y David Cilia, compañeros de Contralínea, estuvieron tras el ataque dos días en graves condiciones de salud física y síquica en la selva, antes de ser rescatados por la policía. Estos graves casos son parte del cúmulo de agresiones vividas a lo largo y ancho del territorio mexicano, no únicamente por las y los periodistas, sino también por las defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual obliga a que éstos, ante la inactividad de las autoridades, comiencen a desarrollar herramientas para defender su propia seguridad y su vida.


Fue así como el Comité Cerezo México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, decidieron trabajar en conjunto el Manual introductorio: la seguridad en las organizaciones civiles y sociales, que es una adaptación a México del Manual de protección para defensores de derechos humanos, editado por las Brigadas Internacionales de Paz. Se trata de un instrumento que por primera vez introduce en México la importancia de que las en organizaciones civiles incluyan entre sus actividades la necesidad de seguridad, buscando que planeen y desarrollen según las circunstancias formas de autoprotección personal y colectiva entre sus miembros.


Como expresó Lorena Peralta Rojas, una luchadora por los derechos humanos en la presentación del Manual: “Tenemos desafíos que es necesario reflexionar nuevamente: ¿qué significa ser defensores y defensoras en este contexto y cómo reaccionar ante él? Se vive en un clima de violencia generalizada, que empieza a enquistarse en la sociedad; leyes que legalizan la persecución contra defensores y luchadores sociales; reformas en derechos humanos que entran en tensión con las reformas impuestas a la ley de seguridad nacional; mecanismos de protección para defensores y periodistas, que son de contención, pero que no buscan el fin de la impunidad; negligencia en los distintos niveles de gobierno ante un ataque a una misión humanitaria, etcétera”.


Por lo anterior, el Manual es una propuesta didáctica que también requerirá que otras manos, otros pensamientos y otras herramientas complementen las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos. Lo que no excluye que el gobierno cumpla con su obligación de protegerlos.


*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC.

Fuente: Contralínea 183 - 23 de mayo de 2010
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Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Aquí el Manual, en formato PDF:
http://www.derechoshumanos.org.mx/extras/download/mjoven.pdf

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El estado de impunidad en México - Laura Carlsen

El estado de impunidad en MéxicoLaura Carlsen*
Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.

Al dar vuelta en una curva en una remota carretera del sureño estado de Oaxaca los observadores internacionales de derechos humanos, encontraron el camino bloqueado por rocas. Decidieron que seguir adelante sería peligroso, pero no sabían que dar vuelta, sería mortal.
Cuando las camionetas empezaron a dar vuelta, unos hombres armados y enmascarados bajaron de los cerros y abrieron fuego contra los vehículos. Algunas de las personas se dispersaron entre la maleza. Otros tuvieron suerte y esquivaron las balas. Dos fueron asesinados de un disparo en la cabeza –Bety Cariño, del grupo mexicano de derechos humanos CACTUS derechos y líder de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación y el observador de derechos humanos de Finlandia Jyri Jaakola.
Este grupo de activistas pro-derechos se dirigía a la aldea de San Juan Copala en la región indígena Triqui de Oaxaca. Esta aldea está sitiada y aislada por paramilitares locales pertenecientes a un grupo llamado UBISORT, al parecer fundado por el partido del gobierno estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La caravana incluía periodistas, activistas de Oaxaca y observadores internacionales de derechos humanos que conocían los riesgos, pero decidieron llevar a cabo la misión porque en eso consiste la tarea de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La vida de los aldeanos estaba en juego y el permitir que un pueblo sea tomado como rehén por un grupo armado ilegal, sin que nadie levante la voz, sienta un precedente peligroso para la sociedad.
Los asesinatos de quienes defienden los derechos indígenas y sus recursos, son comunes en la región Triqui -decenas de personas han sido asesinadas, incluyendo, en 2008, dos mujeres de la estación de radio comunitaria de San Juan Copala. Después de un jefe paramilitar amenazó al grupo para que se abstuvieran de entrar a territorio controlado, los líderes del grupo de defensores dieron aviso al gobierno del estado de las amenazas recibidas. El ataque tuvo lugar en las mismas narices del gobierno del estado y con conocimiento previo de los riesgos anunciados.
Reciclaje de la Violencia ¿Cómo se convirtió en un torbellino de violencia un pueblo perdido en la Sierra Madre?
La región Triqui ha padecido una cuota mayor de conflictos violentos. La mayoría de los investigadores se refieren a las últimas décadas de conflictos entre grupos de triquis que se dividen en facciones enfrentadas con frecuencia alarmante. Pero esta situación tiene mas alcances. Desde la época prehispánica, las comunidades Triquis se han visto atrapadas en un ciclo de violencia alimentada por el despojo de recursos, la rebelión y la represión. El mismo patrón se repite a través de cada etapa de su sangrienta historia, como lo documenta ampliamente un reciente estudio realizado por el abogado e investigador mixteco Francisco López Bárcenas.
El ciclo pudiera haber sido detenido o al menos atemperado si en algún momento el gobierno hubiera cumplido con el mandato de administrar justicia a los pueblos indígenas de la región. En cambio, el gobierno sofocó las rebeliones al tiempo que los intereses externos desangraban la región. En 2007, el pueblo de San Juan Copala, se separó de un gobierno que eludió proteger a su pueblo y se declaró municipio autónomo. La represión al pueblo aumentó.
Estado de Impunidad
Para entender cómo, un grupo armado pueda atacar con intención de matar a un grupo de activistas internacionales de derechos humanos y esperar salir impunes, es imprescindible conocer esta historia. Mantos de impunidad y de injusticia han cubierto los crímenes en Oaxaca desde hace años.
Oaxaca no es un Estado común. En 2006, los oaxaqueños tomaron la capital del estado exigiendo la destitución del gobernador Priista Ulises Ruiz. Durante casi seis meses, un movimiento sin precedentes de maestros sindicalizados, amas de casa, estudiantes, indígenas, campesinos y una variedad de otros sectores de la sociedad tomaron la ciudad. La policía federal fue enviada para retomar el control al tiempo que gobernador del estado se mantenía escondido, negándose a dimitir. Durante esos sangrientos meses, 26 miembros del movimiento de protesta fueron asesinados y cientos más capturados, golpeados y sometidos a tortura psicológica.
En 2008 fui a Oaxaca como miembro de una delegación internacional de derechos humanos que obtuvo testimonios de las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Nuestro equipo se instaló en un salón de una iglesia y en cuanto abrimos las puertas nos llovieron las quejas. En cuatro días llevamos a cabo más de 150 entrevistas que dibujaron un panorama de crisis en los derechos humanos, acompañados por una impunidad total con respecto a acciones cometidas por el Estado.
Escuchamos testimonios conmovedores y a menudo entre lágrimas. No se trataba de delitos menores. Algunos relatos se remontan a la represión de finales de 2006, con informes de manifestantes conducidos con los ojos vendados a un helicóptero donde les decían que serían arrojados al Océano Pacífico –práctica común durante la guerra sucia de México de los años setenta, y copiosos recuentos de sucesos mas recientes acerca de líderes de base de asesinados o desaparecidos por todo el estado, incluyendo el caso de dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos, pese a los esfuerzos de una comisión de mediación establecida por el Congreso. La Comisión ha apuntado absoluta falta de voluntad política por parte del gobierno federal para resolver el caso.
El público ha perdido la confianza en el gobierno para la protección de sus derechos. Cuando nos reunimos con la comisión estatal de derechos humanos, el comisario manifestó su voluntad de investigar todas las quejas, pero dijo que la comisión había recibido muy pocas. La razón no fue difícil de encontrar. Cuando preguntamos a los quejosos si habían denunciado sus casos, por unanimidad nos contestaron que no, argumentando que nunca pasarían la barrera de un gobierno estatal, cómplice mismo de los delitos.
El asesinato del periodista estadounidense Brad Will es, tal vez, el caso más conocido y un ejemplo clásico de la forma como la impunidad funciona en el estado. Bajo presión internacional, el estado inició una investigación que desembocó en la nada, a pesar de que la evidencia forense y testigos oculares implicaban a sicarios vinculados con el gobierno local. Después, increíblemente, arrestaron a uno de los miembros del movimiento de protesta por el asesinato de Will, a quien tuvieron que dejar libre cuando la presión internacional se incrementó denunciando que hacer de la justicia una farsa era aún peor que no hacer justicia, con esto, el caso regresó a su punto de partida – la impunidad.
La Suprema Corte de México determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en el levantamiento de 2006. Pero no se le fincaron ni cargos criminales ni se iniciaron procedimientos de destitución.
Este último ataque repite tanto los ciclos históricos como los contemporáneos de la violencia. Gente de fuera, codician una vez más la región Triqui. Ahora son intereses mineros los implicados y las poblaciones indígenas autónomas se interponen en el camino de sus intereses. Poner a la caravana en la mira de su ataque buscaba expresamente deshacerse de los líderes del movimiento popular opositor al gobierno del estado y los movimientos para la protección de los recursos naturales. Bety Cariño era uno de los líderes más activos del estado del movimiento contra la minería y de la defensa de los derechos indígenas.
Derechos Humanos y la indiferencia de los Estados Unidos
La emboscada del 27 de abril logró sacudir a una nación acostumbrada a la violencia en las noticias. La cuota de treinta o más víctimas diarias de la Guerra Contra las Drogas ya es un recuento habitual en México. Pero el cálculo de agresiones contra una misión de derechos humanos transpuso alguna línea invisible. Miembros del Parlamento Europeo, la Embajada de Finlandia, y el Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido una investigación completa. El gobernador Ruiz, exhibiendo la característica de arrogancia de su gobierno, anunció que iba a llevar a cabo una investigación -de los documentos de inmigración de los extranjeros en la caravana.
Las violaciones a los derechos humanos en México han sufrido una escalada ascendente en los últimos años. A partir del lanzamiento de la guerra contra las drogas, las quejas contra las fuerzas armadas se han incrementado en seis tantos. Las muertes de civiles han aumentado en el contexto de la militarización, y la nación se enfrenta a una crisis de confianza en la capacidad –o voluntad- del gobierno para proporcionar la mas elemental seguridad humana.
El Departamento de Estado estadounidense ha ignorado esta crisis para justificar su apoyo a la fallida guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Las ayuda para la Seguridad a México, bajo la Iniciativa Mérida, establecían como requisito la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos al Congreso de los Estados Unidos, que mostrará avances para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas, terminar con la tortura, y avanzar en la investigación del asesinato de Brad Will. El Departamento de Estado postergó la presentación del informe hasta el año pasado cuando sometió un informe sin demostrar progreso alguno y simplemente interpretó el requisito como la simple elaboración de un reporte.
La ayuda de Seguridad a policías y a fuerzas armadas que violan sistemáticamente los derechos humanos sólo refuerza el sistema de violaciones. La capacitación en derechos humanos por corporaciones estadounidenses no harán ninguna diferencia en la ecuación—obviamente el problema no es la falta de capacitación, sino la falta de voluntad política. Mientras las mismas fuerzas políticas que cometen las violaciones reciban apoyo y ayuda, son incentivados a continuar con prácticas que dañan a la sociedad y destruyan vidas.
México está hoy frente a una disyuntiva crucial. Sus frágiles instituciones se han visto sacudidas por la respuesta inadecuada al fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y por la desigualdad y la injusticia de la vida cotidiana. El sistema de justicia sigue amarrado a los intereses de un débil gobierno federal que tiene temor a la protesta popular y a los gobiernos estatales y locales, en casos como Oaxaca, controlados por déspotas. La corrupción que emana de los carteles de la droga, robustece la impunidad.
México puede asumir el reto de fortalecer sus instituciones democráticas, o puede retroceder a gobernar por la ley de la fuerza y el autoritarismo. El rígido y estrecho enfoque del gobierno de los Estados Unidos que sólo contempla asuntos de seguridad, ignorando las sistemáticas violaciones de a los derechos humanos fomenta lo anterior. Este gobierno debería centrarse en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional al interior de sus propias fronteras y canalizar su ayuda a México para proyectos de desarrollo que fortalezcan los derechos humanos, el empoderamiento ciudadano, y la construcción de paz y bienestar.

Los grupos internacionales deben tomar medidas
Una reciente carta de las organizaciones mexicanas establece lo siguiente:
“Repudiamos esta agresión, sin precedentes en nuestro país, y fincamos esponsabilidades en el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y los líderes políticos de la UBISORT organización causante del clima de violencia en la región. Exigimos que los responsables de este atentado sean castigados. También exigimos garantías para la seguridad y las vidas de los sobrevivientes de la caravana; el cese inmediato de todos los actos de agresión contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala, sus funcionarios locales, y sus habitantes; la inmediata retirada del bloqueo alrededor del municipio, y el respeto del derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Rechazamos la utilización de la violencia como un pretexto para la militarización de la zona Triqui y demandamos que pongan fin a las acciones de grupos paramilitares”.
Las organizaciones internacionales y personas interesadas deberían seguir el ejemplo de los firmantes de esta carta y demandar una investigación completa. El papel del gobierno del estado de Oaxaca con Ulises Ruiz debe de aclararse fehacientemente. La impunidad no es solamente una ausencia de justicia y su debida sanción; es una incubadora de violencia y de delincuencia. Cuando la impunidad se convierte en política de Estado, el Estado de Derecho se desmorona.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos y ciudadanos debemos exigir–en nombre de Bety, Jyri, y los otros miembros de la delegación– que los asesinos que llevaron a cabo este ataque vil así como sus cómplices, sean presentados ante la justicia. Cualquier acción menor a una explicación completa y la aplicación de la ley en el caso del ataque de San Juan Copala, permitirá que la violencia continúe y se sume una mancha más al ya catastrófico historial de derechos humanos de México.
*Laura Carlsen (lcarlsen@ciponline.org) es directora del Programa de las Américas (www.cipamericas.org) para el Centro de Política Internacional de la Ciudad de México. Este artículo apareció originalmente en la Política Exterior en Foco página web: http://www.fpif.org/articles/mexico...
Traducido por: Marta Sanchez
Para mayor información:
San Juan Copala: Las raíces de la violencia http://www.cipamericas.org/archives/2187
Oaxaca: Después de las barricadas http://americas.irc-online.org/am/5364
Version en ingles: http://www.cipamericas.org/archives/2349
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Tomado de: http://www.europazapatista.org/?El-estado-de-impunidad-en-Mexico